Tax Freedom Day en la Argentina – Investigación de ESEADE

Un estudio de ESEADE publicado en el suplemento económico del diario La Nación

La investigación fue dirigida por Christian Bunge, Horacio Curien y Jose Pano.

Colaboraron Martín Krause, Juan Isola, Cecilia Gianella Vazquez Ger, Adriana Coro, Hernán Gil Forgeo y Adrián Ravier.

Vease el estudio completo en:

http://www.atlas.org.ar/archivos/Trabajo%20de%20Investigacion%20III.pdf

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La carga fiscal medida respecto de los salarios

Desde mañana, trabajo para mí

Un estudio muestra que el Estado se lleva en un año, del dinero percibido por un empleado, el equivalente del ingreso recibido hasta hoy; eso sin contar los aportes jubilatorios y la obra social.

Día de la Liberación Impositiva

EE.UU. ……………………………………………… 11 de abril

Sudáfrica …………………………………………… 1 de mayo

Irlanda ……………………………………………… 7 de mayo

Lituania …………………………………………….. 8 de mayo

Australia ……………………………………………. 17 de mayo

N. Zelandia ………………………………………… 26 de mayo

Inglaterra ………………………………………….. 30 de mayo

Grecia ………………………………………………… 1 de junio

España ……………………………………………….. 4 de junio

R. Checa ……………………………………………… 15 de junio

Argentina ………………………………… 15 de junio

Italia …………………………………………………… 24 de junio

Canadá ……………………………………………….. 28 de junio

Austria ……………………………………………….. 5 de julio

Francia ……………………………………………….. 5 de julio

Dinamarca …………………………………………… 24 de julio

Israel …………………………………………………… 26 de julio

Suecia ………………………………………………….. 29 de julio

“A partir de mañana empezaré a disponer de mis ingresos laborales…” Esa frase bien podría sumarse, al menos por hoy, 14 de mayo, a los versos de aquella canción que popularizó años atrás Alberto Cortez, el cantante que se proponía empezar a rodar por mejores caminos… “a partir de mañana”. Es que, para un empleado promedio que trabaja y consume dentro de la economía formal en la Argentina, el dinero que cada año le quita el Estado por los diferentes impuestos es equivalente al monto del ingreso que recibe por su trabajo realizado, exactamente, hasta el día de hoy.

Visto de otra manera: mañana, lunes 15 de mayo, será un día para andar con una sonrisa. Es la fecha desde la cual se deja (simbólicamente) de trabajar para pagar impuestos y se comienzan a desarrollar las tareas para disponer libremente de lo ganado. Para acompañar semejante momento de inflexión, el pronóstico meteorológico anuncia un día de sol espléndido.

La conclusión enunciada en los párrafos anteriores surge de un análisis elaborado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) sobre “La presión fiscal en la Argentina y la libre disponibilidad de los ingresos”.
La investigación determina, a través de un complejo cálculo, que, en promedio, un 36,84% del salario bruto (antes de descuentos) de un empleado va al pago de impuestos, a veces sin que esa derivación de fondos al fisco sea visible. El índice presenta una amplitud que va del 27,5% para quien tiene un sueldo mensual de $ 840 (y cobra $ 730 de bolsillo) al 52,16% en el ejemplo de quien percibe en bruto $ 29.700 (y cobra un neto de $ 20.000). En el primer caso se trata, irónicamente, de una persona que –junto a su mujer y sus dos hijos pequeños– vive en la pobreza, ya que, según datos oficiales, se necesitan por lo menos $ 857 para que un hogar de cuatro personas se salve de estar en esa condición social.
La carga fiscal incluye, además de tributos directos, los impuestos que pesan sobre los procesos de producción de bienes y servicios, y que se trasladan a los precios finales. Y también otros conceptos, como tasas que cobra el Estado a través de boletas de servicios públicos.
Los porcentajes mencionados no incluyen los descuentos salariales para financiar el sistema jubilatorio, la obra social y el PAMI, del 7, el 3 y otro 3%, respectivamente (suponiendo que se trata de un afiliado a una AFJP, ya que si aporta a reparto se le descuenta un 11%). Si se suman esos aportes, la carga total resulta del 45,55% promedio, con un mínimo del 40,5% para el sueldo más bajo entre los analizados por Eseade, y un máximo del 54,26%, en el caso de quien más gana.
Considerando también esos descuentos, no alcanzará con trabajar hasta hoy para terminar de pagar la carga total, sino que estarán afectados al fisco y al sistema de seguridad social los ingresos por el trabajo realizado hasta el 15 de junio.
El aporte jubilatorio es considerado un ingreso diferido, ya que permite obtener un ingreso mensual en la etapa pasiva de la vida. Pero claro: en función de la percepción que se tenga respecto de cómo será ese beneficio, varía la sensación que experimenta un trabajador al contribuir. Eso depende de la reflexión de cada uno, aunque influye ver situaciones como la de buena parte de los jubilados actuales, a quienes desde junio se les dará una leve recomposición de sus ingresos, luego de un congelamiento de más de una década y tras una significativa alza de precios y salarios en el último lustro, sin contar hechos como la frecuente determinación incorrecta del haber de inicio.
En el caso del aporte para la salud, la percepción del servicio recibido a cambio es más inmediata, ya que se trata de recursos para la obra social o a veces, vía triangulación, para el plan de una medicina prepaga.
Ahora bien, al margen de esos aportes salariales que pueden considerarse cargas no impositivas, ¿cómo se llega en el estudio de Eseade a calcular el peso de ser sostén del Estado, más allá de la idea que cada uno tiene respecto de las contraprestaciones que éste es capaz de brindar a cambio?
Según explicó a LA NACION el abogado Christian Bunge, quien dirigió la investigación, el trabajo se propuso el objetivo de plantear un cálculo “realista” respecto del peso de los impuestos para quienes pagan. Existe un dato que indica que los recursos recaudados por el Estado representan un 26% del producto bruto: “Si uno mira ese índice, se lleva una impresión equivocada de la presión fiscal”.
Un cálculo realista
¿Por qué esa observación? Básicamente, porque esa recaudación es la que se obtiene a partir de la convivencia de las alícuotas actuales con un elevado nivel de evasión, tanto de empresas como de personas (muchas de las cuales, vale aclararlo, están al margen del sistema por la imposibilidad material de estar incluidos). Eso provoca que mientras muchos no contribuyen con nada o lo hacen con muy poco, hay otros que deben pagar tasas más altas respecto de las que existirían con un mejor nivel de cumplimiento.
El informe del centro de estudios supone, para los casos analizados, que las personas cobran la totalidad de sus ingresos en blanco y que consumen todo en locales de empresas que cumplen con todas sus obligaciones. Es decir: son un 100% formales.
En la vida real, existen esos casos pero también existe una amplia variedad de “grises” en el universo de contribuyentes. Un estudio del año pasado del Ieral, la consultora de la Fundación Mediterránea, indicaba que un ciudadano que paga el 100% de las imposiciones que le corresponden, tributa el doble que lo abonado por el “contribuyente medio”.
Volviendo al informe de Eseade: para elaborar el cálculo se comenzó por definir, para cada rango salarial (se incluyeron seis ejemplos), una canasta diferenciada de consumo, que incluye desde el zapallo y los huevos comprados en el mes, hasta el desodorante y el jabón, pasando por los gastos del colegio de los chicos, la ropa, los servicios públicos, las expensas, los gastos médicos, diarios y revistas, y la patente del auto, entre muchos otros ítem.
Las canastas fueron armadas, para cada caso, previa definición del grupo familiar de cada empleado y tras describir sus hábitos generales de vida. Se supuso que todos viven en la ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente, se analizaron balances de supermercados y de otras empresas que venden o prestan servicios “como bancos o cadenas de electrodomésticos, entre otras”, según explicó Horacio Curien, responsable de Gestión Fiscal del BBVA Banco Francés, que coordinó el trabajo de investigación. El objetivo de mirar esos números contables fue determinar cuánta carga tributaria está trasladada a los precios finales de los productos.
En ese cuadro de datos se consideró no sólo el IVA aplicado a los bienes, sino también la incidencia del traslado del impuesto a los Ingresos Brutos, de las cargas sociales por los empleados y del tributo sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.
Una primera conclusión es que, suponiendo que las compras de alimentos y artículos de tocador o limpieza se realizan en supermercados, el peso de lo derivado al fisco por esos consumos es de entre el 2,6 y el 8,5% del salario de bolsillo.
La variación del porcentaje tiene que ver con el nivel salarial. Lógicamente, quienes tienen ingresos más bajos derivan una mayor proporción a consumos básicos, como la alimentación y, por tanto, el peso de los tributos es mayor, al menos en este capítulo. Sin embargo, como se detallará más adelante (pero vale anticiparlo), la carga impositiva total es mayor para los sueldos más elevados, básicamente por la estructura del impuesto a las ganancias.
A los tributos que se pasean en el changuito del supermercado, se suman las cargas trasladadas a los precios en el caso de bienes y servicios obtenidos de todos los demás proveedores. Aquí, se observó que el peso de lo que se deriva al fisco ronda el 20% de los sueldos netos.
Por último, se estimó cuánto de impuestos está ya incluido en el valor de un producto desde la etapa anterior en la cadena de comercialización de los productos (antes de que lleguen al proveedor del consumidor). En este paso se encontró que la carga fiscal sobre el salario de bolsillo de quien finalmente compra es de entre el 0,5 y cerca del 2 por ciento.
Hasta aquí llegó el estudio sobre los recursos para las arcas fiscales derivados del consumo de las personas. Se tuvieron en cuenta varios conceptos que a veces se pagan sin saber o sin tomar conciencia de a qué se está contribuyendo.
“Si uno mira el desglose de una factura de electricidad o de gas, va a ver que llegan otros cargos, además del costo del servicio”, advirtió Bunge. La boleta de la luz, de hecho, incluye una alícuota del 0,6% destinada a recaudar fondos para la provincia de Santa Cruz, además de una contribución municipal en la Capital Federal. Y la cuenta del gas se engruesa con pagos para sostener obras de tranporte y distribución. “A través de ese tipo de cargos, tal vez hacen partícipe al consumidor de la financiación de la termoeléctrica de la empresa tal en tal lugar; lo hacen cargo del gasto, pero no del beneficio”, agregó Bunge.
La evolución del cálculo de la investigación continúa, una vez determinada la carga fiscal por consumos, con la adición de los impuestos directos a quienes corresponde pagarlos: Ganancias y Bienes Personales. Este último impuesto debe ser abonado por quienes tienen un patrimonio superior a los $ 102.300, una cifra que no tuvo actualización alguna después de la devaluación y sus efectos sobre la inflación, razón por la cual hoy el tributo debería estar alcanzando a cada vez más personas, que tal vez estén lejos de considerarse afortunadas.
Ganancias
En el caso de Ganancias, como la estimación de Eseade se hizo para 2005, no se consideraron los cambios dispuestos por el Gobierno para el ejercicio 2006. La decisión oficial, anunciada en marzo último, fue incrementar los montos que se deducen de la base sobre la que se calcula el impuesto: la consecuencia lógica es que quedan exceptuados de la carga muchos empleados que sí tuvieron que tributar el año pasado (por los ejemplos de salarios considerados en la investigación, ese punto no influiría demasiado).
Esa reforma para el ejercicio actual se traducirá en una mejora anual en los salarios de bolsillo de entre un 1 y un 3,5 por ciento. No habrá efecto, sin embargo, para quienes ganan $ 221.000 o más al año ($ 18.400 o más al mes), ya que en esta escala salarial los contribuyentes no tienen la posibilidad de aplicar las deducciones cuyos montos se modificaron (la llamada ganancia no imponible, una deducción especial y las cargas de familia).
El esquema progresivo del impuesto a las ganancias -cuanto mayor es el ingreso menos deducciones se aplican- hace que la carga final sea más fuerte para quienes más ganan.
Esa brecha se reduce cuando se consideran en la carga total los aportes a la seguridad social. Es que para calcular cuánto debe ingresarse para la jubilación y la obra social, hay un tope de $ 4800. Así, quien gana 5000, por ejemplo, contribuye con igual monto que quien percibe 20.000 pesos.
Por Silvia Stang De la Redacción de LA NACION
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La eficiencia del Estado, un aspecto clave
A la carga fiscal se la percibe más elevada cuando se evalúa que lo pagado no se vuelca efectivamente a la sociedad.
La definición respecto de cuán elevada es la carga fiscal medida como porcentaje de los salarios tiene mucho de subjetivo. De hecho, depende de la percepción que cada ciudadano tiene del nivel de las prestaciones del Estado: de la calidad de los servicios de salud, educación y seguridad; de la derivación de los recursos en bien de la sociedad, y del mayor o menor grado de transparencia en la gestión.
Los investigadores de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) concluyen que sacarle el 40% de lo que gana a una persona es realmente excesivo.
Según el informe, muchas veces los ciudadanos no conocen exactamente con cuánto están contribuyendo para mantener el aparato estatal, pero sí tienen una idea más clara de que lo recibido a cambio no es muy útil.
“No nos sentimos seguros y protegidos contra la agresión de los criminales; no sentimos que la Justicia funcione para con ellos ni tampoco para resolver las disputas que podamos tener entre nosotros; pagamos dobles muchos servicios: educación, salud, etc., que luego volvemos a contratar en el mercado”, concluye el informe, en referencia a realidades como la presencia de empleados de seguridad de empresas privadas en muchos lugares de residencia. Con los servicios brindados por el Estado en nuestro país, a criterio de Eseade, es a todas luces absurdo que una persona que percibe un salario de $ 730 en mano, que no le permite siquiera mantener a su familia (mujer y dos hijos) al margen de la pobreza, tenga que dejar un tercio de ese ingreso en manos del sector público, sin poder disponer libremenente de ellos. El estudio se pregunta si el Estado resulta el mejor administrador de esos recursos, o si sería más bien aconsejable permitir que esos trabajadores invirtieran más en la educación de sus hijos, en vestimenta o en esparcimiento.
“En los segmentos de mayores ingresos, que tienen los medios culturales para discernir, la queja constante va a ser que se paga dos veces lo mismo: «Pago salud y pago educación, pero no uso ni el hospital ni la escuela», se dice”, sostuvo Christian Bunge, director de la investigación presentada por Eseade. “Y el que tiene que tomar servicios del sector público se encuentra con que lo que recibe es de baja calidad”, agregó.
Según afirmó José Manuel Pano, director ejecutivo de Eseade, también está quien paga la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, pero a la vez contrata seguridad privada en la esquina, ve que no le podan el árbol y camina por una vereda que está sucia.
Claro que, más allá del servicio que se percibe para cada uno y los suyos, es valorable la acción del Estado como distribuidor de recursos; por ejemplo, en el pago de planes sociales. En este punto, eso sí, influye la sospecha del uso político o indebido de fondos en la percepción de la eficiencia del Estado, al que –por otro lado– vale más exigirle cuando uno mismo, en su conciencia, sabe que tiene una conducta personal inobjetable.
Las diferencias en cuanto a la valoración que se da a los servicios del sector público debe tenerse muy en cuenta a la hora de observar los resultados del “día libre de impuestos” obtenidos en varios estados, que se publica en un gráfico que acompaña esta nota. El estudio del tax freedom day, de hecho, se realiza en muchos países del mundo aunque –vale aclararlo– no existe una metodología unificada.
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Ley de cargos tarifarios
Sorpresas en las facturas
Por Christian Bunge
ParaLA NACION
Cuando hablamos de presión fiscal siempre es difícil trazar una línea con respecto a qué tributos deben tenerse en cuenta para determinar cuánto paga un contribuyente.
Las disquisiciones técnicas respecto de cuándo estamos frente a un impuesto, tasa o contribución especial pierden sentido cuando se suman los conceptos y nos damos cuenta de que, del billete de $ 100, más de la mitad se fue y, lo que es peor, en la percepción de muchos, ya no vuelve.
Como corolario de la suba constante de impuestos de las últimas décadas, el 26 de abril último el Senado de la Nación transformó en ley el proyecto aprobado en Diputados de los ya célebres cargos tarifarios. Es simple. Mire su factura de gas o de luz y fíjese cuánto paga por el producto, y cuánto se deriva bajo el título de fideicomiso ley tal o cual. Y no es poco, para algunos usuarios residenciales el monto del cargo tarifario es un 20 o un 30% del monto de la factura.
Dice el refrán: nada como pato, tiene plumas de pato y hace cuac. ¿Qué es? Lo mismo pasa con los cargos tarifarios. El oficialismo ha salido a defender la posición de que este nuevo aumento de la presión fiscal sobre el contribuyente no es en esencia un aumento de impuestos, ya que si bien se trata de una exacción coactiva, los fondos van a un fideicomiso que, a su vez, invierte en obras de expansión de las redes de gas o electricidad.
En otras palabras, los fondos no entran a rentas generales, manejadas por el Gobierno, sino a un fideicomiso, manejado por el Gobierno. Como podrá observarse, conceptualmente la diferencia no es grande, pero no por ello de menor importancia.
Cobro indefinido
Sostener que los cargos tarifarios no son tributos es imprescindible a efectos de evitar cumplir con los requisitos básicos de todo tributo. Eso es: que el Congreso fije no sólo qué se cobra, sino cuánto se cobra, sobre qué se calcula, y a quién se cobra. La ley sancionada bajo el matiz antes descripto ha delegado en el Poder Ejecutivo lo que en términos técnicos se define como alícuota, base imponible y la determinación del sujeto imponible de esta contribución especial, en clara violación al principio de legalidad. Y eso implica que el Poder Ejecutivo puede definir en forma arbitraria cuánto cobrar a cada contribuyente.
La concepción de Estado y las ideologías definen en muchos casos la forma de manejarse en materia económica. Sin entrar en juicios de valor acerca de qué parte de la biblioteca tiene razón, lo cierto es que el enfoque económico de la actual administración ha llevado a una abierta concentración de la inversión en materia energética en cabeza del Estado. El cual, claro está, se nutre de los fondos que todos los contribuyentes aportan.
Si analizamos tanto el régimen de concesiones viales como la creación de fideicomisos para la construcción de obras de infraestructura de gas y energía eléctrica, el común denominador ha sido asumir como un hecho que la inversión la debe hacer el Estado.
En otras palabras, en vez de crear condiciones de inversión privada, es el Estado quien se hace cargo de la inversión necesaria para sostener la demanda de energía eléctrica, gas u obras viales. Esta toma de control estatal implica una concentración de fondos para obras que podría ser superior a los tres mil millones de dólares en los próximos cuatro años, generando especulaciones de toda índole respecto del reparto de estos formidables recursos.
Finalmente, el proyecto aprobado no aclara quién será el propietario de las obras que se construyan, si será el Estado, la empresa concesionaria o la empresa que realice la obra. Lo único claro es que no será el contribuyente que financió las tareas.
El autor es abogado y dirigió la investigación sobre presión fiscal de Eseade
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Los efectos de una alta presión
Una carga elevada alienta la evasión y traba actividades.
La alta presión fiscal es un factor movilizador de la evasión. A su vez, la elevada evasión, al provocar una menor recaudación que la requerida, lleva a subir alícuotas o a crear nuevos impuestos. Esa es, según los investigadores de Eseade, una rueda perversa que en nada ayuda al buen desarrollo de la actividad económica.
“Con la política de subir impuestos, lo que se logra es tener una parte de la economía en la sombra, y hay otra parte de la economía que no asume el riesgo de estar en esa sombra y, entonces, simplemente no está”, declaró Christian Bunge.
Dijo José Manuel Pano, director ejecutivo de la casa de estudios: “No se le puede pedir a un taller que tiene un margen de 2500 pesos que deje 1500 en impuestos”. Según destacó, una reducción de alícuotas impositivas podría viabilizar actividades.
Lo cierto es que la situación que plantean no pocos talleres y otro tipo de unidades de producción pequeñas, es que no podrían continuar trabajando si tuvieran que regularizar sus tareas. Y no hay que olvidar que la fuerza de miles de cuentapropistas emprendedores permite que muchos hogares se provean de algunos recursos para afrontar, aunque más no sea, las necesidades familiares más urgentes. Pero la economía que se mueve al margen del pago de los impuestos no está sólo en ese segmento de la sociedad -donde está claro que son grandes las dificultades de inserción- sino también en otro tipo de actividades, donde sí existen posibilidades materiales de tributar, aunque las tasas de imposición actúan como incentivo a evadir, por su elevado nivel.
Ahora bien, frente a toda esa realidad, ¿es válido buscar esquemas impositivos diferenciales, como el que podría ser el denominado monotributo social, o más bien conviene bajar la carga para todos por igual?
En opinión de los analistas de Eseade, lo mejor sería tener a todos en una misma situación, con alícuotas más bajas que las actuales.
Menos consumo
Con respecto a la carga fiscal que afronta un asalariado, Bunge expresó que tiene también su efecto negativo para la economía. La lógica indica que un nivel significativo de imposición representa en muchos casos un menor consumo de ciertos productos. “Si los posibles consumidores están castigados, se condiciona el crecimiento de ese sector en particular”, concluyó.
Por otra parte, observó que cuando la inflación supera la evolución de los salarios, ese desfase hace que crezca la presión fiscal, dada la incidencia de los impuestos que gravan el consumo. En ese sentido, la inflación es un potenciador del peso fiscal.
Horacio Curien, por su parte, advirtió sobre las consecuencias de algunos tributos en particular. Según dijo, el impuesto al cheque traba el avance de la bancarización (que, por otra parte, podría ayudar a un blanqueo de actividades), ya que tanto las personas como las empresas tienden a eludir pagos y, en este caso, buscan reemplazar la entrega de un cheque con efectivo.
El estudio de Eseade dedica un capítulo a recordar la teoría de la curva de Lafer (llamada así por el nombre del economista que la formuló). Tal principio establece que, si existe un impuesto con una alícuota del 0%, la recaudación será, obviamente, nula; pero si la tasa se fija en el 100%, el resultado para quien recaude también será no obtener ningún recurso, porque nadie aceptaría trabajar para ganar recursos de los que no podría disponer en ninguna medida.
Entre esos dos extremos, según el estudio, cada sociedad debe encontrar el punto óptimo de carga fiscal, un punto que debería estar ubicado en un nivel que permita al Estado proveerse de los recursos necesarios para brindar servicios eficientemente y lograr a la vez que la mayor cantidad posible de contribuyentes cumpla con lo suyo.

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