Correspondecia Fiscal, Federalismo y Competencia – La solución al problema fiscal argentino – Fundación Atlas y Diario El Territorio, Posadas

Por Adrian Osvaldo Ravier y Martin Krause*

Desde los años treinta el estado argentino se ve imposibilitado de obtener en forma sostenida una recaudación tributaria mayor a su gasto público. Si bien los manuales de Finanzas Públicas enseñan que sólo ante situaciones extraordinarias el gasto podría ser financiado con otras fuentes de financiamiento distinta a los recursos tributarios, el estado argentino ha hecho oídos sordos permanentemente. Así lo demuestran los procesos inflacionarios o hiperinflacionarios causados por financiar el gasto con emisión monetaria, los procesos de enorme endeudamiento que hoy representa una pesada carga para los presentes contribuyentes, las privatizaciones de principios de los ´90 con el fin único de generar ingresos, las alzas en las alícuotas de impuestos existentes y hasta la creación de nuevos impuestos, sin siquiera detenerse a analizar que los mismos sean lo menos distorsivos posible, según las recomendaciones de los especialistas en finanzas.

Más allá de la voracidad del estado argentino en sus tres niveles siempre remarcada en distintos artículos, ensayos y libros de análisis económico podemos encontrar una causa fundamental para esta situación. La misma se refleja en la ausencia de los principios de correspondencia fiscal y federalismo real. Estos principios, se cumplen en la medida que existe un vínculo entre las decisiones de gasto adicional del gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales.
Hoy esto no se cumple en la Argentina lo cual se refleja en el siguiente desequilibrio vertical: Mientras que sobre la Nación recae el costo político de recaudar el 74 % de los ingresos, sobre los estados provinciales sólo recae un 20 %. Por el lado del beneficio político que implica el gasto público las proporciones cambian: el estado nacional gasta el 42 % de los ingresos, mientras que las provincias lo hacen en un 47 %.
El resultado de esta situación anormal en países fiscalmente solventes es el incentivo a incrementar constantemente el gasto público provincial dado que quien decide incrementarlo no es quien debe buscar la forma de financiarlo. Simultáneamente el endeudamiento de las provincias crece esperando por un posterior salvataje de la Nación, que siempre llega. A la par con esto, se incentiva a la evasión, se estimula el lobby y se crea un laberinto fiscal indescifrable.
El problema fiscal argentino tiene solución. El presente contexto de crecimiento económico y crecientes niveles de recaudación tributaria permiten alcanzar un equilibrio fiscal consolidado aun llegando a un acuerdo con acreedores privados, pagando los servicios de la deuda y así reintroduciendo a la Argentina en la economía mundial, y simultáneamente eliminando impuestos distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones a nivel nacional y los impuestos de sellos e ingresos brutos a nivel provincial.
Para esto se necesita fundamentalmente una ley de responsabilidad fiscal que implique importantes sanciones a los infractores como así también modificar la estructura fiscal. La propuesta consiste en que la provincia pase a generar los recursos que luego gastará consiguiendo con esto revertir el incumplimiento de los mencionados principios de correspondencia fiscal y federalismo real. Más específicamente se eliminaría el régimen de coparticipación federal tal como hoy lo conocemos reemplazándolo con la siguiente estructura tributaria: Los ingresos tributarios de la Nación constarían de IVA, impuestos a los combustibles, Comercio Exterior (solo importaciones), otros impuestos por montos menores hoy existentes, y Seguridad Social lo cual representa para 2004 un ingreso estimado en $ 69.536,71 millones. Cabe recordar que el presupuesto para 2004 a nivel nacional es de $ 59.712 millones.
Por el lado de las provincias es importante destacar que ya no recibirán transferencias de la Nación modificando su estructura tributaria de la siguiente forma: Un impuesto a las ganancias empresariales con una alícuota sugerida del 35 %, un impuesto a las ganancias personales que recaudarían las provincias sobre los ingresos laborales exclusivamente con una alícuota fija sugerida del 14,3 %, el cual no gravaría ganancias de capital ni intereses sobre depósitos, rentas o alquileres, impuesto inmobiliario, impuesto Automotores y otros impuestos hoy existentes por montos menores lo cual representa para 2004 un ingreso estimado en $ 44.326,20 millones. Cabe recordar que en 2003 el gasto provincial ha sido de $ 41.023 millones.
En el caso de la Nación el superávit estimado sería mayor dado que el presupuesto para 2004 no contemplaba el pago de servicios de la deuda por no haber llegado aún a un acuerdo con acreedores privados. En tal caso, este superávit permitiría llegar a este acuerdo. En el caso de las provincias el superávit es conjunto, con lo cual es probable que algunas provincias tomadas individualmente estén en déficit. Pero al recuperar su autonomía y su capacidad de competir con otras provincias en búsqueda de capitales, creando y eliminando impuestos, o incrementando y bajando las tasas de los impuestos existentes, las provincias contarán con las herramientas necesarias para solventar sus gastos.
Como contraparte, la “acción” del actual gobierno. Mientras el Congreso discutía la Ley de Responsabilidad Fiscal que buscaba limitar el incremento del gasto público a nivel provincial (no nacional), el poder ejecutivo establece por decreto y de una sola vez incrementar el gasto en $ 4.296.417.921. Este volumen de gasto que beneficiaba prácticamente a todas las áreas debe adherirse a los $950 millones ajustados en el primer semestre según datos de la Cippec. Según el mismo decreto la causa del incremento se debe a que “durante el transcurso del presente ejercicio se ha verificado un notable desempeño en las cuentas públicas, en un contexto de recuperación de la actividad económica y de aplicación de eficaces acciones de control de la evasión”. En otras palabras, nuevamente el estado prioriza utilizar el contexto favorable para aumentar el gasto en lugar de eliminar impuestos distorsivos, terminar con el default o al menos intentar cumplir con los principios de correspondencia fiscal y federalismo real.
Otro ejemplo en relación con la negativa a eliminar las retenciones a las exportaciones puede observarse en la nueva disposición del gobierno hacia un fuerte aumento de las retenciones al petróleo. Por la crisis energética, se anunció un alza escalonada desde el 25 % hasta el 38 % según el precio internacional del crudo.
Una vez más, la Argentina equivoca el camino, confirmando nuevamente las dificultades presentes y futuras de atraer capitales y con ello disminuir la desocupación (que dejando de lado los planes para jejes y jefas de hogar desocupados aun supera el 20 %) y la pobreza que casi alcanza a la mitad de su población.

* Adrian Ravier es Economista (UBA-ESEADE) e investigador asociado a la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Martin Krause es Doctor en Administración y Rector de ESEADE.

  • Publicado en el sitio de la Fundación Atlas y en el Diario Territorio de Posadas
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