Es el mejor momento para hacer reformas – Fundación Atlas

Por Adrián Osvaldo Ravier

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El futuro de corto y mediano plazo de la Argentina está bajo un contexto de absoluta incertidumbre. No hay un solo analista económico y político serio que no argumente en este sentido. Simultáneamente, cae la aceptación de los argentinos hacia la política económica del gobierno, según miden distintas encuestas.

El gobierno sin embargo sigue orgulloso con los resultados de las políticas económicas post-devaluación: Crecimiento económico, generación de empleo, superávit fiscal récord y otros varios indicadores muestran una coyuntura favorable.

Pero, ¿es esto sostenible? En la medida que el gobierno siga dispuesto a evadir las reformas urgentes, NO. ¿Cómo puede el gobierno revertir este camino descendente en cuanto a la imagen y lograr convertirse en un gobierno exitoso de largo plazo?

Las reformas urgentes

La primer política debe apuntar a terminar con lo que consideramos es la causa principal de la crisis argentina: es aquella relacionada con una estructura política señalada por innumerable cantidad de autores. Brink Lindsey por ejemplo remarca la siempre presente “cultura de corrupción” como causa no sólo del “enriquecimiento de los políticos”, sino también como parte de un “padrinazgo laboral” que les permite a estos últimos mantenerse en el poder.

Es fundamental para ello la REFORMA DEL ESTADO. El sector público argentino a nivel Nación, Provincias y Municipios, debe ser capaz de proteger el Estado de Derecho. Para ello es fundamental que el gobierno abandone aquellos roles que no le competen y se oriente en aquellos que son vitales para la organización de la sociedad. El Estado debe reestructurarse absolutamente, buscando como fin último que la Argentina sea un país seguro, de “riesgo cero”, donde se respete la seguridad jurídica y de a poco se vayan fortaleciendo las instituciones. Por supuesto, llevará años y quizás décadas, para que el mundo olvide las enormes injusticias que la Argentina estuvo dispuesta a asumir para evitar realizar la reforma del estado que aquí mencionamos, pero si se lleva adelante, esto implicará a los ojos del mundo que la Argentina quiere volver a ser lo que fue antes de la primera guerra mundial, aquel país que otorgaba libertad al ingreso de capitales y personas y que respeta por sobre todas las cosas, el derecho a la propiedad.

Por supuesto esto viene atado al ACUERDO CON LOS ACREEDORES PRIVADOS negociando sobre una base aceptable. Si analizamos algunos antecedentes nos encontramos con el caso de Rusia, que por algo más de 30.000 millones de dólares les significó una pérdida sobre el valor presente de 45 %. Y por otro lado Ecuador, que por unos 6.500 millones de dólares implicó una pérdida del 54%. El gobierno sin embargo, plantea por un monto mucho mayor una quita del 75 %, pero si se considera el no pago de los intereses desde que se planteó el default la quita superaría el 90 %!! En otras pocas palabras, esto demuestra la inexistencia de voluntad del gobierno argentino de llegar a un acuerdo.

En relación con el punto señalado por Brink Lindsey es también imprescindible la REFORMA DEL REGIMEN DE COPARTICIPACIÓN. Dicho régimen es el que permite hoy que provincias como Tucumán o Formosa tengan un porcentaje relativo enorme de empleados públicos en relación con la población económicamente activa. El presente régimen lo que permite es que cada provincia gaste, pero sin incurrir en el costo político de recaudar. De esta manera, los recursos obtenidos de provincias relativamente más ricas son extraídos en detrimento de ellas y en favor de éstas. Lo que se propone aquí es alcanzar el objetivo final de que se cumpla el principio de “correspondencia fiscal”, en donde quien gasta es quien recauda. La idea consiste en que las provincias pasen a coparticipar a la Nación, en lugar de que la Nación coparticipe a las provincias. La consecuencia inmediata será que aquellas provincias que quieran seguir sosteniendo una estructura incompatible con la economía de mercado deberán estar dispuestas a obtener los recursos de quienes luego tendrán el poder que la democracia les concede para mantenerlos en el cargo. Esta reforma a su vez es compatible con la Constitución Nacional que Juan Bautista Alberdi nos legó, al presentar una estructura federal y no unitaria, como es en la actualidad. En pocas palabras, se transfieren todas las funciones del gobierno central a las provincias o estados miembros. Lo que este FEDERALISMO ocasiona es que inmediatamente aparezcan potentes incentivos a través de la competencia para reducir gastos puesto que allí donde los impuestos resulten más gravosos hará que la gente se traslade o haga operaciones comerciales en otras provincias lo cual también guiará a las inversiones en general.

Una cuarta reforma es la que busca resolver el terrible problema que hoy tenemos en la Argentina respecto de la desocupación. Tasas de desocupación y subocupación como las experimentadas en la Argentina de los ’90 son incompatibles con una economía de mercado. Las mismas sólo pueden ser el resultado del intervencionismo, de las regulaciones, del salario mínimo y de la legislación laboral. En consecuencia de este diagnóstico, lo que se plantea es una TOTAL DESREGULACIÓN EN EL MERCADO LABORAL. En un país como la Argentina, con tasas de desempleo y subempleo como las vigentes es inconsistente que el empleador deba estar dispuesto a pagar $ 133 para que el empleado termine cobrando $ 82 en mano. En otras palabras, el 62% de los costos laborales son consumidos por el Estado si consideramos los distintos aportes existentes por ley. A esto debemos sumar la doble indemnización vigente, esto es, un costo de salida que implica un enorme riesgo innecesario que en lugar de incentivar al empleador a retener el personal, lo que logra es que el mismo no tome nuevo personal sino más bien utilice horas extras o aumente la exigencia sobre quien trabaja. Es fundamental que el estado deje de entrometerse en las libertades individuales y permita que los salarios se fijen libremente entre las partes.

Directamente vinculado con el tema tratado, está la REFORMA TRIBUTARIA: La enorme presión tributaria dada por las altísimas tasas del impuesto a las ganancias (35%) o el IVA (21%), sumado a una maraña de impuestos distorsivos como el de ingresos brutos, el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones, además de otro centenar de impuestos provinciales y municipales no hacen más que imponer al empresario costos difíciles de absorber, resultando en consecuencia en menor inversión, e indirectamente, en menor empleo. El costo impositivo que el sector privado tiene que afrontar sería sumamente despreciable en relación a lo que es hoy, si el estado dejara de incurrir en áreas que no le competen, y se dedicara a hacer aquello que sí le compete. Es fundamental a su vez, que se eliminen todas las excepciones presentadas como Gastos Tributarios. Esto le brindará unos 10.000 millones de pesos más en recaudación, según un estudio realizado por el Ministerio de Economía, lo cual debe resultar necesariamente en la eliminación de impuestos o en la reducción de tasas. Es imprescindible que nuestros gobernantes comprendan que es el empresario, y sólo el empresario, quien puede resolver los problemas de pobreza, indigencia, hambre, desocupación y subocupación presentes hoy en la economía argentina. El estado puede redistribuir riqueza, pero con esto lo que hace es ahuyentar a los inversores, con lo cual no se hace más que generar mayor pobreza.

La siguiente política, es una APERTURA AL COMERCIO EXTERIOR, entendiendo con esto, no sólo la libre importación y exportación de bienes y servicios, sino también la absoluta libertad para ingresar y salir de nuestro país tanto para personas, como para capitales. La única condición para ingresar a nuestro país es que aquellos que lo hagan deben estar dispuestos a cumplir con nuestras normas. Esto implica también el sí al Área de Libre Comercio para las Américas, así como el sí al MERCOSUR, a la Unión Europea, a las economías asiáticas, así como a todo aquel que quiera comercializar con la Argentina. Incluso en aquellos casos en que los países de origen del capitalista dispuesto a traer su capital a la Argentina o a importar bienes, no permita que la Argentina haga lo mismo en su país. David Ricardo ya ha demostrado que el libre comercio presenta ventajas incluso en aquellos casos.

Cabe aclarar también que Apertura al Comercio Exterior requiere “aranceles cero”, tanto para exportar como para importar. Esto que parece algo bastante complejo, es algo que países como Chile ya están cerca de alcanzar, al aplicar un arancel común del 6 %. Otro ejemplo es la reforma impositiva llevada adelante por Irlanda con aranceles a las exportaciones nulos.

Una séptima política consiste en LIBERAR EL TIPO DE CAMBIO. La Argentina debe aprender de la experiencia de la década pasada que el tipo de cambio no debe estar controlado. Ni devaluado, ni sobrevaluado. También debe eliminarse la flotación sucia. Recién una vez que el mismo esté en el nivel de mercado puede plantearse la idea de una convertibilidad a esa paridad (aunque el autor de este trabajo no lo comparte). Otra posibilidad aceptada por el autor de este trabajo, así como por los austriacos en general es la idea de DOLARIZAR la economía. Quienes argumentan en su favor lo hacen por un lado en búsqueda de asemejar lo más posible la política monetaria a la idea de Hayek, de contar con libertad para que el individuo elija la moneda que quiere utilizar como medio de intercambio, eliminando con esto el curso forzoso y la banca central; y por otro, porque no confían en que el estado argentino pueda abstenerse de manipular la moneda local. Por supuesto esta idea de dolarizar abre un abanico enorme de posibilidades de estudio, que por una cuestión de espacio no analizaremos aquí.

Otra política fundamental es PRIVATIZAR EL SISTEMA PREVISIONAL. Las AFJP llegaron en su momento para reemplazar un sistema corrupto e ineficiente como lo fue el previo a la década del ’90. Luego, si bien se permitió que los argentinos pudieran elegir la AFJP “privada” que se quisiera, el estado siempre presente obligó a las mismas a comprar títulos del gobierno con el 75 % de los ingresos recaudados, los cuales ya han sido devaluados hasta el 25 % de su valor original. De esta forma, los jubilados presentes y futuros seguirán siendo relativamente más pobres que si el sistema fuera realmente privado.

Reflexiones finales

Cada una de las políticas comentadas son imprescindibles para que la Argentina vuelva a dar un giro de noventa grados como lo hizo en la década del ’30, pero esta vez hacia la economía de mercado, la libertad individual y el gobierno limitado.

¿Y por qué decimos que este es el mejor momento para estas reformas? Porque el contexto es favorable. No es lo mismo plantear estos cambios con la economía en la fase ascendente del ciclo, que con la economía en depresión. Tampoco cuando el desempleo vuelve a encaminarse a superar el 20 %. Ni hablar cuando el déficit fiscal se convierte en la preocupación fundamental del gobierno y lo ciega completamente.

Sólo cuando el gobierno se encamine hacia los principios de economía de mercado, libertad individual y gobierno limitado podrá conseguir el tan ansiado objetivo del desarrollo sostenido y mayor bienestar. La evidencia empírica y la ciencia económica lo han demostrado.

  • Artículo publicado en el sitio de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, 12 de mayo de 2004

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