LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: ¿SEGURIDAD JURÍDICA O REESTATIZACIÓN? – Fundación Atlas

El caso de las telecomunicaciones, el servicio eléctrico, el agua potable y los desagües cloacales.

Por Adrián Osvaldo Ravier y Pablo Guido
Introducción:

El proceso de privatizaciones llevado a cabo en los primeros años de la década del ´90 en Argentina estuvo impulsado por las dificultades que tenía el gobierno para continuar financiando las necesidades de expansión o los quebrantos operativos de las empresas públicas (explicados por la vigencia de tarifas contenidas por criterios políticos y por la presencia de elevados costos, debido a su pobre desempeño) y por la creciente necesidad de adoptar nuevas tecnologías que permitieran mejorar la calidad del servicio e incrementar la eficiencia en la producción.
Una de las primeras leyes enviadas al Congreso por el nuevo gobierno, asumido en julio de 1989, fue el de Reforma del Estado (Ley n° 23.696). Dicha norma fue sancionada el 17 de Agosto del mismo año y promulgada por el Poder Ejecutivo un día después. En el Anexo I de la ley se indicaban las empresas públicas disponibles para su privatización o concesión. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) integraba esa lista.
Cabe destacar que dicho proceso privatizador, que fue un componente principal de la reforma del estado de la década del noventa, ha generado fuertes polémicas, a tal punto de ser considerado en la actualidad como uno de los culpables de la crisis que vive la Argentina, principalmente por los siguientes dos supuestos: un fuerte giro de dividendos al exterior, por un lado; y altas tarifas cobradas en dólares durante toda la década, por el otro.
Actualmente, crece la presión de distintos políticos, economistas y periodistas reclamando por la re-estatización de las empresas privatizadas. Por tal motivo, la Fundación Atlas para una Sociedad Libre presenta este informe, intentando mostrar un punto contrario al expuesto por quienes propician esta nueva ola estatizadora. Para ello hemos pedido información a las siguientes empresas: Telecom, Telefónica, Edenor, Edesur y Aguas Argentinas.
De esta manera, el objetivo del presente trabajo será analizar si esas privatizaciones han sido un éxito o un fracaso; si son la causa de la actual crisis argentina y si sería una política acertada su re-estatización.
Para ello se ha dividido el trabajo en cinco secciones claramente definidas: En la primera parte se analiza la historia de las privatizaciones, para lo cual se estudia la situación previa de los servicios, las tarifas en dólares o pesos constantes y los montos de venta.
Luego, se toma la evolución de las tarifas a lo largo de la década, las inversiones realizadas, los servicios ofrecidos y la evolución de los activos y pasivos, de tal manera de analizar el comportamiento de las empresas desde que comenzaron a proveer el servicio. En esta sección se podrán encontrar diversos cuadros comparativos que permitan ver un claro panorama de la diferenciación en el servicio y en las tarifas antes y después de la privatización.
El tercer paso será analizar el impacto de la devaluación sobre dichas empresas ocurrida a principios del 2002. Para ello se estudian los efectos provocados en las deudas en dólares, los salarios, insumos e inversiones.
En cuarto lugar, se realiza un importante análisis económico que nos permitirá comprender las conclusiones finales.
Finalmente, luego de analizar los cuatro pasos previos para cada empresa, se procede a realizar algunos pronósticos sobre la situación de las empresas en cuanto a las tarifas, el servicio, la negociación de la deuda y el nuevo marco regulatorio. Algunas consideraciones finales concluyen el trabajo.
Cabe aclarar que el análisis se realiza para todas las empresas señaladas, pero se las agrupa por servicio para obtener más claridad en la exposición.

La década del ´90 y las privatizaciones:

A comienzos de la década del ’90, la Argentina se encontraba en una situación económica similar a la que vive hoy día, con el agregado de una hiperinflación descontrolada. De esa manera el riesgo de invertir en la Argentina era muy alto, por lo que se hacía necesario que la rentabilidad de las empresas fuera muy alta, para incentivar así inversiones de capital. Las inversiones en los sectores del tipo de empresas que se analizan requieren un marco institucional estable, reglas de juego claras y perdurables en el largo plazo, además de rentabilidad, por supuesto. Si alguna de estas condiciones falta, la inversión no se realiza y si no hay inversión en infraestructura, no hay crecimiento, ni generación de empleo.
Como bien sostiene Martín Redrado en su libro “Tiempo de Desafíos”, las telecomunicaciones de cualquier país representan una de las posibilidades de mayor rentabilidad[1]. A medida que dichas empresas fueron ingresando al mercado, sus acciones comenzaron a subir y el riesgo comenzó a bajar por la idea de que la Argentina finalmente emprendía un desarrollo sostenido. A la privatización de ENTel le siguió la de Segba, luego la de Gas del Estado y finalmente la de Obras Sanitarias de la Nación, entre las que se analizan en este informe. Pero comencemos por las telecomunicaciones.

Telecomunicaciones

1) Historia de la privatización de ENTel:

En 1990 se produce una de las primeras y más importantes privatizaciones: la venta del 60% del paquete accionario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), completándose en 1991 y 1992 la venta del 30% restante a través del mercado bursátil (luego de transferirse el 10% al programa de propiedad participada).

a) Situación inicial del servicio al momento de privatizarse.

El servicio de telecomunicaciones provisto por ENTel durante la década del ’80 fue realmente aberrante. En general, durante los años anteriores a la privatización la situación de la red pública de telecomunicaciones se caracterizaba por una alta demanda insatisfecha, retraso tecnológico en centrales y degradación de los planteles telefónicos, mantenimiento ineficiente, alto nivel de reclamos de usuarios, fuerte nivel de pérdidas y desorden organizativo.
Esto podemos constatarlo en los números que se reflejan a continuación:
– A principios de la década del ´80 existían 2,1 millones de líneas telefónicas funcionando, mientras que en 1989 alcanzaban a 3,1 millones, con una densidad telefónica de diez líneas por cada cien habitantes y un cargo de conexión que ascendía a más de US$ 1500 (cuando la línea estaba disponible, ya que era frecuente tener que esperar entre cinco a diez años para su instalación).
– El déficit de ENTel a lo largo de la década fue creciente y llegó a ser muy significativo. Según se desprende de un informe presentado por el Gerente de Transformación Empresaria de ENTel ante la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) en abril de 1990, la empresa operó con déficit económico a partir de 1981 presentando resultados negativos anuales promedio de US$ 381 millones en el período 1981/85 disminuyendo a US$ 135 millones en 1986 y a US$ 163 millones en 1987. Por otra parte, el déficit económico de 1989 alcanzó a US$ 1462 millones según el Sistema de Información Económico Financiera desarrollado por el Directorio de Empresas Públicas.
– A pesar de que los índices de calidad del servicio no se publicaban, existen algunos indicadores elocuentes sobre la situación en la que operaba la ex ENTel: en junio de 1985 había 1,3 millones de pedidos de instalación de líneas telefónicas pendientes; la cantidad de reclamos en 1988 alcanzaba a 13,8 millones y el porcentaje de abonados pendientes de reparación respecto al total era del 37 %, con una demora promedio de reparación de diez días.
En síntesis, la gestión pública en el sector fue por demás ineficiente, haciendo de éste un caso muy elocuente de la necesidad de reforma procurada por medio de la privatización.

b) Montos pagados por las empresas para hacerse cargo del servicio: efectivo y capitalización de deuda (títulos públicos).

Se dividió el país en dos regiones de tal manera de crear dos empresas de tamaño similar que estuvieran en condiciones de competir entre sí al concluir el período de exclusividad, y para permitir una comparación de desempeño entre las dos empresas durante ese lapso, a fin de incentivar la eficiencia operativa (competencia por comparación).
La región norte cubría una población aproximada de 12,4 millones de habitantes y la región sur de 14,1 millones. El resto (aproximadamente 6 millones) era cubierto por 290 cooperativas telefónicas y operadores independientes.
Cabe destacar que este es uno de los puntos más criticados a la privatización de las telecomunicaciones por aquellos que defienden los principios de economía de mercado: ¿Por qué dos empresas y no más?
Así, este informe sostiene que si bien al momento de llevar adelante la privatización no había experiencia internacional que reflejara la potencialidad cierta de competencia relevante en el mercado local, la apertura del sector hubiese tenido impacto principalmente sobre las tarifas internacionales y de larga distancia nacional donde las inversiones hundidas[2] son mínimas y la competencia pudo haber sido más intensa. Esto, a su vez, hubiese impedido mantener los subsidios cruzados[3] y hubiese provisto los recursos para financiar la fuerte expansión requerida por los contratos de exclusividad otorgados (tanto en calidad del servicio como en penetración[4]).
El concurso de licitación de la empresa ENTEL preveía la presentación de dos sobres, uno con los antecedentes y requisitos técnicos que debían cumplir las empresas postulantes y otro con la propuesta económica, que era la que decidía la adjudicación. Tras el proceso de precalificación y preadjudicación, resultaron seleccionadas las firmas COINTEL (el consorcio encabezado por Telefónica), como adjudicatario de la Sociedad Licenciataria Sur S.A. (hoy Telefónica de Argentina); y NORTEL S.A. (el consorcio encabezado por el grupo Stet y France Telecom) como adjudicatario de la Región Norte (hoy Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.).
Telecom Argentina (Región Norte) debió abonar al contado US$ 100 millones y US$ 2.308 millones de títulos públicos de la deuda pública y seis documentos a favor de ENTel por un total de US$ 177,6 millones a pagar semestralmente con tres años de gracia.
Telefónica (Región Sur), pagó US$ 114 millones al contado y US$ 2.720 millones en valor nominal en títulos de la Deuda Externa Argentina y seis documentos a favor de ENTel por un total de US$ 202,43 millones, a pagar semestralmente con tres años de gracia.
El precio de venta del 60% de ENTel resultó entonces de US$ 214 millones al contado más US$ 5.029 millones en títulos de la deuda externa (capitalización de la deuda pública nacional).
Dado que por los títulos de deuda, a noviembre de 1990, se obtenía alrededor del 19% del valor nominal, el precio equivalente al contado pagado por los adjudicatarios de ENTel, con sus 3.486.000 de líneas instaladas y 3.086.000 de abonados funcionando, fue de US$ 1169 millones por el 60%, más $ 480 millones en documentos de deuda a favor de ENTel (con un valor presente mucho menor, naturalmente).
En diciembre de 1991 se ofertó públicamente el 30% de las acciones remanentes de Telefónica de Argentina simultáneamente en las Bolsas de Nueva York y Buenos Aires. Por ellas se obtuvieron US$ 830 millones. En marzo de 1992 se vendieron las acciones remanentes de Telecom, por las cuales se consiguió un ingreso de US$ 1.227 millones.
La venta al contado del 30% del paquete accionario, que alcanzó los US$ 2.057 millones, fue superior a los US$ 1.169 millones (más los $ 480 millones de títulos de deuda) obtenidos por la transferencia del 60% inicial. Esto fue así por el mejor posicionamiento internacional de la República Argentina debido al inicio del plan de Convertibilidad, el mejor desempeño de las empresas privadas luego del primer año de gestión, y el compromiso del Gobierno de llevar adelante una reestructuración tarifaria.
El resultado final de la privatización fue que el Estado percibió por la venta de ENTel la suma de US$ 2271 millones en efectivo, US$ 5029 millones en títulos de la deuda externa a valor nominal y pasivos por US$ 480 millones, lo cual representa para el Estado argentino un ingreso de US$ 7.780.000.000.

2) Comportamiento de los nuevos proveedores del servicio

c) Evolución de las tarifas en el periodo.

Una vez concretada la privatización de ENTel hubo una importante mejora en la calidad de los servicios y una significativa disminución del cargo de conexión de una línea telefónica, el que pasó para un cliente residencial de $1.500 en 1990 a $200 en 1998.
Un resumen de los resultados obtenidos tras el proceso de privatización entre 1990 y 1997 se expone en el cuadro 1. Efectivamente, el costo telefónico medio descendió en términos reales desde la privatización hasta el día de hoy, aproximadamente el 30%.
– Cuadro 1 – Los resultados de la Privatización de ENTEL
Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones.

Los valores del pulso que se consignan en el cuadro 1 indican una reducción real importante cualquiera sea el índice de actualización, ya que en dólares corrientes los valores en 1990 y 1997 son similares.
Cabe destacar que este punto de las tarifas es el que más polémica ha generado, dado que quienes critican las privatizaciones sostienen que las tarifas han sido abusivamente altas, mientras quienes defienden las mismas argumentan lo contrario. Esta disidencia proviene de que las tarifas pueden ser analizadas desde distintos puntos de vista. El cuadro 2 es sumamente demostrativo en cuanto a este tema:
En el mismo se observa una suba de las tarifas a pesos corrientes y una baja si se analiza las tarifas en pesos constantes o a dólares corrientes. La magnitud varía según sea la tarifa comercial, residencial o ponderada.

-Cuadro 2 – La evolución tarifaria: el precio de la canasta de 1996
Fuente: en base a datos de la CNC.[5]

Aquí se deja para el lector sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, se puede argumentar que la estructura tarifaria no respondía a criterios estrictamente económicos y presentaba tres claras distorsiones:
a) las comunicaciones de larga distancia eran extremadamente más caras que las comunicaciones locales; b) los habitantes del interior pagaban como larga distancia las llamadas realizadas fuera de los centros urbanos y hasta los 30 km, mientras que el Área Múltiple Buenos Aires (AMBA) llamadas de hasta 70 km se consideraban urbanas; c) el precio del abono mensual era más barato en el interior del país que en el AMBA.
Para corregir las distorsiones mencionadas, en febrero de 1997 fue sancionado el Decreto 92/97 conteniendo una importante reestructuración tarifaria tendiente a la eliminación de los subsidios cruzados, contribuyendo también a que las tarifas fortalecieran la futura competencia y el país se posicionara en el mismo proceso de desarrollo de las telecomunicaciones de los países líderes del sector.
Cabe destacar que en marzo de 1998 el Poder Ejecutivo Nacional sancionó dos decretos, el 264 y 266/98 que establecieron un programa escalonado de desregulación y liberalización del mercado de las telecomunicaciones en Argentina.
De esta manera, el 9 de noviembre de 2000 se concretó la desregulación total del sector, con el ingreso de más de diez operadores de telefonía.
Para el año de transición entre noviembre de 1999 y noviembre del 2000 se otorgaban cuatro licencias para prestar telefonía básica: una a Telefónica de Argentina para extender su área de cobertura a todo el norte del país; otra a Telecom para extender su área de cobertura a todo el sur del país; y sendas licencias a dos consorcios de empresas, formadas una por la empresa celular Movicom (Bell South) y cooperativas telefónicas por un lado; y por el otro, una licencia a otra compañía de telefonía celular CTI (Compañías de Telecomunicaciones del Interior) conjuntamente con un grupo de compañías de televisión por cable.

d) Inversiones en el periodo
Paralelamente a esta reducción del impacto del valor del servicio se verificó un notable incremento en la inversión y en la calidad del servicio medidos como número de líneas instaladas y digitalización de la red (ver cuadro 3) sumando inversiones acumuladas por más de 16 mil millones de dólares (sólo en telefonía fija), llevando la teledensidad de menos de 10 teléfonos cada 100 habitantes en 1990 a más de 22 en la actualidad.

Cuadro 3 – Inversiones en telefonía fija (millones de u$s), digitalización de la red y teledensidad
Fuente. Comisión Nacional de Comunicaciones y Balances de las empresas.
*Estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones en base a datos de las compañías. Esta cifra incluye a todos los operadores y es superior a la más alta de la era monopólica (1994 – 1995)

A esto se debe agregar los datos ya expuestos en el cuadro 1. Entre los logros más destacados merece mencionarse que las líneas telefónicas en servicio han crecido de 3 a 7 millones, se han instalado en el país 2,5 millones de teléfonos celulares, se han aumentado en cuatro veces la cantidad de teléfonos públicos disponibles y se han cubierto con teléfonos semipúblicos de larga distancia más de 1.600 localidades que en 1990 no tenían servicio.
Por otra parte, las condiciones de calidad y penetración impuestas por la privatización determinaron la expansión en todo el territorio nacional de la red telefónica y la instalación de centrales telefónicas de última tecnología, lo que se evidencia con el 100% de digitalización que ha alcanzado la red.
En cuanto a telefonía celular se debe destacar que en abril de 1997 el gobierno autorizó la aplicación del “calling party pays” (abonado que llama, paga). Este hecho permitió la consolidación del mercado de telefonía celular en la Argentina con un crecimiento significativo de la cantidad de usuarios desde 810.000 abonados en marzo de 1997 a 2.443.000 abonados en junio de 1998.
Por último, si se analizan los resultados luego de la liberalización en el servicio de telecomunicaciones, se observa que la expansión aun no ha terminado. Al respecto se confeccionó el cuadro 4:

Cuadro 4: Participación de mercado, Marzo 2001 (número de abonados)
Fuente: IERAL – Fundación Mediterránea en base a datos de la CNC

Las dos etapas identificadas en el apartado anterior (1990–1999 y 2000 en adelante) tuvieron dos tipos de impacto sobre la calidad y los precios de los servicios; la primera actuó expandiendo la red telefónica a todos los sectores y áreas del país llevando la teledensidad de algo más de 10 teléfonos cada 100 habitantes a 22 en la actualidad. Conjuntamente con la expansión del servicio se produjo la modernización de la red telefónica nacional llevando la digitalización de la red de un 13% en 1990 a la totalidad en el año 2000.
La segunda etapa señalada y que comienza hacia fines de 1999 consolida el proceso de expansión del servicio, pero además le agrega el componente de la competencia para generar reducciones en las tarifas y coadyuvar a una más variada gama y más alta calidad de los servicios prestados. El mercado actual de telefonía está compuesto por más de 8 millones de líneas instaladas hacia marzo del 2001 (ver Cuadro 4). La distribución de los abonados a telefonía local no es exactamente similar a la de larga distancia e internacional sino que la apertura del sector ha permitido a carriers entrantes arrebatarles a Telefónica y Telecom una porción de mercado (fundamentalmente Movicom). Sin embargo entre las dos LSB ya cuentan con más del 80% del mercado de larga distancia e internacional. Con respecto a telefonía local ha habido incursiones de Telefónica en el norte y de Telecom en el sur pero a escala muy reducida y asociadas a cooperativas locales (caso de Telecom en Pinamar y en Bariloche). No hay datos oficiales de incursiones a gran escala de ninguna licenciataria en el antiguo territorio de su competidora en el centro de la ciudad de Buenos Aires donde Telefónica y Telecom comparten la ciudad por mitades.
El otro segmento que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años es el de la telefonía móvil con más de 6 millones de abonados. Aproximadamente el 60% de dicha cifra corresponde a la modalidad prepaga o con tarjetas que el abonado debe comprar antes de hacer llamadas. El 40% restante corresponde a post pago con un contrato con alguna de las 4 compañías de telefonía celular en el país.

e) Ganancias de la empresa: reinvertidas y pago de dividendos.
La ganancia neta de Telefónica de Argentina a diciembre de 2001 ha sido de 3.946 millones de pesos. A su vez, el pago de dividendos se puede ver en el siguiente cuadro:

– Cuadro 5 – Pago de dividendos
Fuente: Oficina de Prensa de Telefónica de Argentina

De esta manera podemos decir que Telefónica de Argentina tuvo un coeficiente de dividendos/ganancias del 59, 7 %.

f) Evolución de los activos y pasivos de la empresa.
En el cuadro 6 se expone la evolución del activo y pasivo de la empresa Telefónica de Argentina desde 1997 a este año:

Cuadro 6: Evolución del Activo y Pasivo de Telefónica de Argentina 1997-2002
Fuente: Oficina de Prensa de Telefónica de Argentina

Se ve claramente que mientras que el activo sólo subió un 3.35 %, el pasivo lo hizo por un 143,59 %. De esta manera, se puede concluir que Telefónica de Argentina ha asumido un importante proceso de endeudamiento para llevar a cabo las inversiones comentadas y mejorar así el servicio de telecomunicaciones de la Argentina.

3) Impacto de la devaluación

g) Efectos de la devaluación sobre el servicio, inversiones, deuda, tarifas, etc.
En un artículo de fecha 2 de julio de 2002 publicado en La Nación titulado “La incertidumbre agrava el default privado”, por Silvia Stang, se habla de los efectos de la devaluación. Allí se explica que “el sector privado no puede escapar a la oleada que levantó el Estado argentino con su default y –peor aún- con la decisión de salir de la paridad del peso y el dólar: las compañías endeudadas en moneda extranjera acusaron el golpe y, como resultado, existen obligaciones negociables (ON) que involucran deudas por aproximadamente unos US$ 5.500 millones (con vencimientos que van desde diciembre pasado hasta 2018) con el incumplimiento de pago declarado”.
Y continúa: “En tanto, los emisores de otros ON por aproximadamente unos US$ 3.000 millones, encontraron una vía por donde circular y reestructuraron sus deudas. En el primer caso, los mayores montos se concentran en 15 empresas que anunciaron la imposibilidad de afrontar los compromisos. El último anuncio de peso fue de Telecom, conocido la semana pasada. La compañía tiene bonos por cerca de US$ 1.450 millones emitidos en dólares, euros y liras”.
Entre los principales bonos corporativos reestructurados se encuentra el de Telefónica con US$ 100 millones.
Ateniéndose estrictamente a las reglas de juego vigentes antes de la devaluación y la pesificación, el valor del pulso telefónico debería haberse incrementado en la misma proporción que el valor de la moneda norteamericana (100% de traslado), como así mismo el valor en pesos de todas las tarifas reguladas: abonos, llamadas locales y de larga distancia nacionales que están expresadas en pulsos. Las llamadas de larga distancia internacionales están expresadas en francos oro debiendo haber sufrido el mismo ajuste (100% de traslado).
El impacto de la pesificación de tarifas en telefonía es doble: por un lado la devaluación aumenta directamente el costo financiero de los servicios de las deudas de las compañías, que deberán ahora afrontar con un mercado interno en recesión y con tarifas congeladas en pesos. Además, debe agregarse la fuerte disminución en la demanda. Como se comenta en un artículo publicado en el diario La Nación[6] la caída en el poder adquisitivo ha alcanzado ya los niveles de 1992/93, lo cual implica una importante disminución de la capacidad financiera de los usuarios para pagar los niveles de consumo de servicios públicos que hubo hasta el año pasado. Esta situación llevará no sólo a la pérdida de la calidad de los servicios, sino a una destrucción de fuentes de trabajo en el sector servicios debido a la caída en los niveles de consumo. Esto es lo que ha llevado a la ex CEO de Telecom Susana Malcorra a decir que “la empresa estaba pensada para un país que ya no existe”.
Por otra parte, las compañías de telecomunicaciones presentan un porcentaje de insumos importados muy superior al de otras compañías de servicios públicos (i.e agua, gas o electricidad) debido al alto componente tecnológico de sus servicios.
Estos dos puntos expuestos llevan a una postergación de las inversiones, lo cual atrasa el desarrollo de la actividad económica; las inversiones en telecomunicaciones se hacen con 5 años de anticipación, y ahora nadie está pensando en atender la demanda futura.
En cuanto a la telefonía móvil debe decirse que ésta trabaja mediante contratos en dólares firmados con el cliente. La Ley de Emergencia Económica (25.561) contempla la pesificación por 6 meses de estos contratos para abrir camino a una renegociación privada. El impacto de la devaluación y pesificación en este sector es similar al de telefonía fija con el mitigante de que las tarifas en este sector son libres y las compañías podrán recortar las pérdidas ajustando las tarifas con mayor flexibilidad.
Por otra parte, en el informe realizado por el Grupo Telecom se destacan los efectos sobre la situación económico-financiera del Grupo. A continuación se resumen los 9 puntos más importantes:[7]
1) Reducción de los ingresos consolidados del 5 % respecto al ejercicio 2000, generada por una menor cantidad de clientes y la caída del consumo promedio en la telefonía fija;
2) Aumento de los cargos por deudores incobrables del 69% respecto al ejercicio 2000. Los incobrables representaron el 4.8% y 8.5% de las ventas consolidadas de los ejercicios 2000 y 2001, respectivamente;
3) El nivel de morosidad del ejercicio 2001 fue creciendo desde el primer trimestre en donde se ubicó en el 5,4% de las ventas hasta alcanzar el 14,4% en el cuarto trimestre como consecuencia de la crisis que afectó a la capacidad de pagos de nuestros clientes (especialmente en el interés del país) y los efectos del “corralito” en diciembre de 2001;
4) Adicionalmente, la Sociedad comenzó en octubre de 2001 a recibir títulos provinciales y LECOP de sus clientes. Las cobranzas en títulos públicos representaron aproximadamente el 2,82% de las cobranzas totales de la Sociedad en el período octubre ’01 – diciembre ’01;
5) Las cuentas a cobrar por el sector público se incrementaron un 11% por las dificultades que experimentaron los gobiernos nacional, provincial y municipal para hacer frente a sus compromisos;
6) Los costos del grupo se vieron afectados por la creación de nuevos impuestos (sobre débitos y créditos bancarios) y el aumento de los aportes patronales;
7) Si bien la Sociedad procuró en el último semestre del ejercicio reducir su nivel de deuda financiera neta (que en junio de 2001 ascendía a $ 3.141 millones y en diciembre de 2001 asciende a $ 2.864 millones), la suba de la tasa de riesgo país y la incertidumbre económica provocaron el encarecimiento del financiamiento y la inviabilidad económica de varios proyectos que la Sociedad preveía ejecutar en el ejercicio;
8) Como síntesis de todo lo expuesto, la utilidad de la explotación se redujo un 25% respecto al período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2000 y la utilidad neta un 72%, siendo el cuarto trimestre del 2001 el primero en la historia de la Sociedad en arrojar pérdidas netas ($ 17 millones, equivalentes al 2,3 % de las ventas consolidadas);
9) Lo expuesto anteriormente se vio potenciado por las decisiones anunciadas por el gobierno nacional desde el 6 de enero de 2002 hasta la fecha de emisión de los presentes estados contables.

Para terminar el apartado, debe concluirse que la devaluación ha significado un profundo cambio en las reglas de juego impidiendo nuevas inversiones que a la vez permitan el mantenimiento del servicio. Por otra parte, se ha complicado el pago de sus deudas en dólares lo cual impedirá que tomen nuevos préstamos. De esta manera, el ajuste de las tarifas es sumamente necesario si lo que se quiere es mantener el servicio vigente y respetar los contratos y la seguridad jurídica.

Sector eléctrico

1) Historia de la privatización de Segba:

Dentro del proceso de reforma del sector de empresas públicas llevado a cabo a partir de 1991, pocas experiencias son comparables a la del sector eléctrico. Regido hasta entonces por un complejo sistema de planeamiento centralizado, a partir de la Ley 24.065 se consagró la desintegración vertical del sector en sus tres niveles de generación, transporte y distribución y la privatización generalizada de sus actividades, aunque sujeta a regulaciones en especial en los segmentos de transporte y distribución.

a) Situación previa del servicio al momento de privatizarse.

La situación de Segba, al momento de ser privatizada era muy difícil y complicada. En septiembre de 1992, el robo de electricidad representaba 20 % de la energía comprada y el índice de morosidad era de 7,4% de la facturación. El servicio eléctrico era muy poco confiable, con cortes prolongados y muy frecuentes en el verano, dado por la falta de inversiones y de mantenimiento. La empresa estaba sobredimensionada en personal, con 6.400 agentes en el área de concesión que ganó Edenor, lo que determinaba una relación de un empleado por cada 240 clientes. Desde el punto de vista económico la empresa estatal daba fuertes pérdidas que aumentaba el déficit del Estado Nacional y se cubría con emisión o endeudamiento.
Por otra parte, como un elemento de contexto, cabe tomar en cuenta el estado crítico en que se encontraba el sector eléctrico a fines de los años 80. Un estudio de FIEL ha resumido esta situación destacando los aspectos siguientes (FIEL, 1992): 1) Exceso de potencia instalada; 2) Baja disponibilidad del parque térmico (menos del 70% en 1987-1988 y alrededor del 50 % en 1991-1992) como consecuencia de bajos niveles de mantenimiento, escasa inversión y baja eficiencia del gasto; 3) Elevados costos de la inversión incremental; 4) Elevadas pérdidas como consecuencia del fraude de los usuarios. A mediados de 1992 se estimó que un 27% de la energía ingresada a la red, en el área atendida por SEGBA, no era facturada.
Este panorama correspondía a un esquema de decisiones centralizado, aunque con escaso éxito en materia de planeamiento, con tarifas fuertemente subsidiadas, y en el que las decisiones de inversión se realizaban en muchos casos sin fundamento económico.

b) Monto pagado por la empresa para hacerse cargo del servicio: efectivo y capitalización de deuda (títulos públicos).

Edenor (Empresa Distribuidora Norte S.A.) obtuvo un área de concesión de 4.637 kilómetros cuadrados, que incluye la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires y 20 partidos del Norte y Oeste del Gran Buenos Aires. Por el 51% de las acciones de esa concesión, EASA[8] abonó 30 millones de dólares en efectivo y 397,9 millones de dólares en títulos de la deuda pública argentina, equivalentes en efectivo. Posteriormente, el Estado vendió, en diciembre de 1995, el 19,5% de las acciones que había retenido a Endesar y en junio de 1996 otra porción igual de acciones a Electricité de France (EDF), por las que obtuvo en efectivo 156,2 millones y 164 millones de dólares, respectivamente.
Luego de otras operaciones de compra-venta de acciones entre socios, EDF quedó con 90% de las acciones de Edenor, mientras que el 10% restante está actualmente en propiedad del personal (que pertenecía a Segba al momento de la privatización), a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), acciones que se están pagando con las ganancias obtenidas por la Sociedad.
Cabe destacar que Edenor asumió una deuda financiera de Segba por 90 millones de dólares, que debería adicionarse a los pagos efectuados, y que explica casi el 20% de la deuda financiera externa que tiene hoy la Empresa.

2) Comportamiento de los nuevos proveedores del servicio

c) Evolución de las tarifas en el periodo.

Edenor forma parte de una cadena inseparable con Generadores y Transmisores. Todos y cada uno de esos sectores hicieron fuertes inversiones que mejoraron dramáticamente la eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico. Estas mejoras, más el hecho de que el marco normativo eléctrico hacía competir a los Generadores entre sí, motivó una importante baja en el precio de la electricidad al consumidor final, lo que determinó un aumento en el valor de compra de los salarios, medido en términos de electricidad. Entre septiembre de 1992 y diciembre de 2001, las tarifas residenciales disminuyeron 24,6 por ciento. Se ubicaron así como una de las más reducidas del Mundo, claramente por debajo de Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Uruguay y Japón, entre otras naciones.[9] También se inició un fuerte crecimiento de la inflación, del orden del 26 por ciento en los primeros cinco meses. A principios de mayo se otorgó una parcial recomposición de valores, que remuneró exclusivamente a los Generadores, pero que no cambió la situación descripta.
Los resultados del nuevo ordenamiento de la industria eléctrica, empero, han superado los pronósticos más optimistas. La regulación del sector ha sido considerada como sofisticada y dentro de las mejores prácticas internacionales. Los precios mayoristas han disminuido significativamente con las nuevas reglas de gestión, y buena parte de este descenso ha sido trasladado a los consumidores finales.
Un aspecto complementario es la importante reducción del fraude del usuario (“colgados”). Hacia diciembre de 1997, las pérdidas denunciadas por las distribuidoras de jurisdicción nacional oscilaban solamente en un 10% (ENRE, 1998).
El precio medio de la energía sin los contratos transferidos se redujo en un 21% entre 1993 y 1997 en términos nominales.
En comparación con el período prerreforma, puede apreciarse la caída de la tarifa residencial (significativa) y de la comercial (menos pronunciada), acompañadas por un moderado aumento de la tarifa industrial. Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:

Cuadro 7: Precios con Impuestos (en términos reales)
Fuente: FIEL

Cabe destacar que el análisis sin impuestos no cambia sustancialmente la conclusión anterior.

d) Inversiones en el periodo.

Edenor invirtió entre septiembre de 1992 y diciembre de 2001 un total de 1.165 millones de dólares, lo que redundó en una significativa mejora en la calidad del servicio eléctrico. A modo de ejemplo, la frecuencia media de interrupciones disminuyó 70 % y el tiempo medio de duración de las interrupciones cayó 72% en los últimos nueve años. Para financiar parte de esas inversiones, la empresa tomó deuda por 515 millones de dólares.
Un informe de National Economic Research Associates (NERA), preparado para el gobierno argentino con el objeto de evaluar la performance de la reforma, ha concluido recientemente que el sistema instrumentado, uno de los más avanzados a nivel mundial, a juzgar por los resultados, no ofrece puntos débiles y recomienda “mantener en gran parte el sistema vigente”, concentrándose en algunos aspectos negativos que pueden ser mejorados como los pagos por capacidad, las inversiones en transporte y los mercados de contratos (NERA, 1998).
Se ha incorporado al mercado una masiva cantidad de nuevos operadores, que han introducido en forma ágil nuevas tecnologías de generación de alta eficiencia. La oferta del sistema ha crecido en forma notable, y la calidad del servicio al cliente ha mejorado en forma apreciable.
Las nuevas reglas de juego en el sector atrajeron a una gran cantidad de nuevos operadores en el sector eléctrico, incluyendo a operadores internacionales que aportaron cambios tecnológicos y organizativos. El número total de generadores se elevó de trece en 1992 a cuarenta y cuatro en 1997. La partición del sistema integrado llevó el total de agentes de 39 en 1992 a 2015 en 1998.
La capacidad existente en el sistema continuó expandiéndose. La potencia instalada en el MEM pasó de unos 13.267 MW en 1992 a unos 18.100 MW en 1997, involucrando un incremento del 7,2 % anual que acompañó a la fuerte expansión del consumo. El elemento más destacable de esta expansión es la considerable reducción de los costos incrementales por potencia demandada. Bajo gestión estatal, las inversiones tuvieron un costo promedio de US$ 7.172 por Kw de incremento de demanda para el lapso 1972-1989, con un exceso de gasto estimado en torno de US$ 26.000 millones (FIEL, 1992). El costo de expansión promedio del período 1992-1997 puede estimarse en torno de US$ 1930 por Kw lo que ha implicado una extraordinaria reducción de los costos de capital (-73%).
Para clientes de Edesur (Empresa Distribuidora Sur S.A.)[10], por ejemplo, esta mejora se ha traducido en pasar de un nivel de cortes anuales de 12,6 por cliente (1992) a 4,3 cortes anuales por cliente (1997). Sin embargo, debemos aclarar que si bien hasta 1997 no existían perspectivas razonables de cortes por falta de potencia, el congelamiento de tarifas actual revirtió esta situación.

e) Ganancias de la empresa: reinvertidas y pago de dividendos.

Los fondos de que dispuso Edenor en el periodo 1992-2001 sumaron 1.863,6 millones de pesos, que se componen de 1.445,7 millones originados en las operaciones y 417,9 millones provistos por financiamientos.
La aplicación de dichos fondos (1.863,6 millones) fue asignada a: inversión en instalaciones 1.165,2 millones; impuesto a las Ganancias 230,0 millones; Plan de reorganización 62,9 millones y dividendos 405,5 millones.
Las ganancias de la Empresa sumaban al 31 de diciembre de 2001 un total de 443,3 millones de pesos, como resultado neto de más de nueve años de operaciones, después de descontar las pérdidas registradas en los primeros periodos y como suma ajustada por inflación hasta el año 1995. En el balance parcial del primer trimestre de 2002, Edenor informó pérdidas contables por 462,2 millones de pesos, básicamente por efecto de la devaluación.

f) Evolución de los activos y pasivos de la empresa.

El cuadro 8 muestra entre otros puntos la evolución del activo, pasivo y el patrimonio neto. Por el lado del activo, se observa que éste creció de $ 1.140 millones en diciembre de 1992 a una cifra superior a los $ 1.723 millones en el mismo mes de 2001. Esto refleja un crecimiento porcentual del 51.14 %. Por el lado del pasivo se aprecia un crecimiento porcentual notablemente mayor: 168.86 % al pasar de $ 289 millones en diciembre de 1992 a $ 777 millones en igual mes de 2001.
Cuadro 8: Datos relevantes
Nota: Las cifras monetarias están reexpresadas en moneda constante por la inflación acumulada hasta el 31 de agosto de 1995 según lo requerido por la resolución general Nº272/95 de la Comisión Nacional de Valores.

3) Impacto de la devaluación

g) Efectos de la devaluación sobre el servicio, inversiones, deuda, tarifas, etc.
La devaluación ocasionó a Edenor una pérdida contable de más de 1.000 millones de pesos, suma ésta que continúa agravándose en función de la continua depreciación del peso. Ese monto duplica la suma de las ganancias acumuladas desde el momento de la privatización. En el balance del primer trimestre de 2002, la Empresa contabilizó una pérdida de $ 462,2 millones, tomando un tipo de cambio promedio de $ 2,90[11]. La recesión causó además una caída de 8,4% en el consumo de energía eléctrica en el área de concesión, cuando históricamente venía creciendo a un ritmo de 5 % anual acumulativo.
Teniendo en cuenta que los ingresos de caja de la empresa son insuficientes para cumplir con sus obligaciones y previsiones, Edenor debió suspender inversiones que no fueran de urgente necesidad. Se había previsto invertir este año 140 millones de pesos.
Sin resignar su derecho a demandar al Estado por violación del Contrato de Concesión, la Empresa inició negociaciones con el Poder Ejecutivo para que se recompongan sus ingresos, pero hasta el momento de elaborarse este informe no había respuestas del Gobierno, ya que un ajuste tarifario concedido a principios de mayo se destinó solamente para remunerar a los generadores.
La calidad del servicio que hoy presta Edenor está muy por encima del precio que cobra[12], y también excede las obligaciones que le fijan el Contrato de Concesión.
En cuanto a una posible reestructuración de las tarifas, debe tenerse en cuenta los siguientes puntos: La remuneración que recibe la concesionaria de transporte en alta tensión a través del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión en concepto de conexión, capacidad de transporte y energía eléctrica transportada ha sido calculada en dólares y se ajusta semestralmente por un índice promedio ponderado del índice de precios al consumidor y del índice al por mayor de productos industriales de los Estados Unidos. El impacto en el transporte es importante, pero debería ser inferior al de la distribución ya que los transportistas no compran ni venden electricidad ni tampoco reciben remuneración alguna en concepto de expansión de la red de transporte (no tienen capital hundido). A diferencia de las distribuidoras, las transportistas no están expuestas al incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista ni al encarecimiento del costo de inversión como consecuencia de la devaluación.[13]

El servicio de agua potable y desagües cloacales


1) Historia de la privatización de Obras Sanitarias de la Nación:

La prestación de servicio de agua potable y cloacas también formó parte del proceso de transformación y privatización de la economía argentina de principios de los ’90, aunque comparando con otros servicios públicos este sector incluyó ciertas características distintivas determinantes. La primera se relaciona con la forma en que el servicio se venía prestando, con una operación descentralizada (una empresa pública provincial o cooperativa por ciudad o conglomerado urbano). La segunda tiene que ver con las externalidades positivas por la expansión de la cobertura, que la provisión de agua y cloacas hacen que el objetivo prioritario sea la expansión y universalización del servicio.

a) Situación previa del servicio al momento de privatizarse.

Así, el sistema de prestación de servicios de agua potable y desagües cloacales se hallaba caracterizado en la década pasada por una serie de deficiencias que afectaban tanto a la calidad como a los niveles de cobertura del servicio prestado. Entre los problemas más graves que afrontaba el sector se destacaba la falta de mantenimiento, tanto en producción (plantas de potabilización de agua y plantas cloacales) como en distribución y colección respectivamente (redes), situación que se agravaba a partir de la utilización de técnicas de operación anticuadas e ineficientes.
Entonces, la dicotomía (expansión vs. mantenimiento) que caracterizó la operatoria del sector en toda su historia se agravó a partir de la desinversión que sufrió el sector especialmente en los años ochenta. Por otra parte, una vez operada la descentralización se generó un vacío de competencia (normas y legislación) en el orden nacional que no fue satisfactoriamente cubierto en el ámbito provincial.
La evolución durante la década del 80’ demostró un incremento en la cobertura de agua y cloacas pero en niveles aún muy insuficientes: en 1991 el 65% de la población del país accedía a servicios de agua potable mientras que el porcentaje descendía al 37% para cloacas (ver cuadro 9)
– Cuadro 9
Cobertura de Agus y cloacas
Fuente: Contrato de Concesión (AA), Artana et al. (1997) y publicaciones diversas.
El consumo de agua potable en el área metropolitana se ubica actualmente en un promedio de 400/540 litros /hab./día, un valor elevado de acuerdo con estándares internacionales (300 litros /hab./día), aunque se debe tener en cuenta que una década atrás dicha cifra alcanzaba los 600 litros /hab./día.
El servicio prestado por OSN (Obras Sanitarias de la Nación) presentaba, al momento de la privatización, serias deficiencias y bajos niveles de inversión. En el caso de los activos, el 79 % de las cañerías habían superado su vida útil.
Respecto a la prestación del servicio de agua, la falta de inversión en transporte y distribución (por ejemplo, en la prolongación de los ríos subterráneos o estaciones elevadoras) hacía imposible la extensión del servicio hacia nuevas áreas. Los niveles de población servida en el área metropolitana alcanzaban al 70% de los habitantes para el servicio de agua potable, mientras que el porcentaje se reducía al 58% para el caso de desagües cloacales.
Respecto de la medición del servicio de agua, a pesar de que el porcentaje al momento de la privatización era reducido (10%), no se previó una política agresiva de incremento en la medición una vez que la operación pasara a manos privadas. La facturación de la firma concesionada se siguió basando en el esquema anterior, el cual no brinda incentivos económicos para reducir el consumo (sistema de tipo catastral que se asemeja a un impuesto a la propiedad).
El cuadro 10 ofrece una visión sintética sobre el estado del servicio previo a la concesión y los objetivos perseguidos con la misma.
Cuadro 10 – Características del sector a fines de los 80 y objetivos de la concesión metropolitana
Fuente: Cuadro obtenido del libro de FIEL – “La regulación de la competencia y de los servicios públicos. Teoría y experiencia argentina reciente”, Argentina, 1999.

Por el lado de los costos, uno de los mayores problemas que tenía la ex OSN residía en su elevado costo laboral. Los salarios reales del sector evolucionaron por encima del resto de las empresas públicas y el nivel de ausentismo era también mayor a la media observada (producto de una edad promedio elevada en el personal). La cantidad y la calidad del empleo fue entonces uno de los primeros problemas que debió encarar la concesionaria al hacerse cargo de la prestación del servicio. El número de empleados con que se encontró Aguas Argentinas rondaba en los 7.400, iniciando un programa de retiro voluntario por el cual el personal ocupado se redujo en más de un 50% al tercer año de otorgada la concesión.

b) Monto pagado por la empresa para hacerse cargo del servicio: efectivo y capitalización de deuda (títulos públicos).

Contrariamente a lo ocurrido en otras privatizaciones, no hubo transferencia de activos sino una concesión. Debido a la intención de contribuir a un nivel tarifario razonable pero compatible con una expansión acelerada, el concedente dejó de lado uno de los principales objetivos del resto de las privatizaciones como fue el obtener recursos a través de un pago de una o varias veces (canon).
El mecanismo de competencia para la selección del concesionario fue sobre la base de la mayor reducción tarifaria promedio, luego de fijar determinados requerimientos de expansión y calidad del servicio, además de determinar que el canon sería nulo durante toda la concesión. Básicamente, el concedente elegiría a quien licitara la realización de las obras pautadas (nivel de inversiones previstos en los PmyES) y el mantenimiento de ciertos parámetros de calidad, al menor nivel tarifario. Las reducciones tarifarias ofrecidas fueron del 26.9% (Aguas Argentinas), 26.1% (Aguas de Buenos Aires – Thames) y del 10,5% (Northwest).
En el área metropolitana el grupo encabezado por la firma francesa Suez Lyonnaisse des Eaux (operador del servicio) resultó vencedor en la licitación por la cual se otorgó en concesión, por un período de treinta años, el servicio público de provisión de ApyDC. El capital de la sociedad, tal cual lo exigido por el contrato de concesión, asciende a US$ 120 millones (capital mínimo), el que fue integrado en su totalidad por el grupo adjudicatario de la concesión (Consorcio Aguas Argentinas) en el segundo ejercicio. El cuadro 7 presenta la composición accionaria sobre el capital de Aguas Argentinas:
Cuadro 11
Composición accionaria de Aguas Argentinas S. A.

Fuente: Oficina de Prensa

Para terminar este punto, debe destacarse que la empresa pagó 1.146 millones de dólares en concepto de impuestos y tasas, lo cual conforma el 31% de los ingresos netos totales en los nueve años de concesión según informa la Oficina de Prensa.

2) Comportamiento de los nuevos proveedores del servicio

c) Evolución de las tarifas en el periodo.
En relación con los aspectos económico – financieros, se estableció que el monto resultante de las tarifas facturadas a los usuarios deberá permitir al concesionario, cuando éste opere eficientemente, obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos implícitos en la operación, mantenimiento y expansión de los servicios prestados (incluido el margen de beneficio e incorporando los costos emergentes de los planes de expansión).
El actual régimen tarifario de la concesión es una continuación del esquema heredado de la ex OSN, en el que la tarifa se basaba en un sistema de información de tipo catastral que en principio intenta captar el consumo presunto, aunque con determinantes adicionales que la asemejan más a un impuesto a la propiedad que a una retribución por un servicio.
En síntesis, dado que actualmente buena parte del agua distribuida no se cobra por los consumos, la demanda no tiene incentivos para internalizar los costos variables de producción (los usuarios utilizan indiscriminadamente el recurso, generando en el tiempo niveles de abastecimiento que sobrepasan los deseables). Esto significa mayores inversiones como así también costos operativos superiores (tanto en plantas de producción de agua como en tratamiento de líquidos cloacales).

d) Inversiones en el periodo.
– Cuadro 12 – Niveles de inversión al tercer año de la concesión
Fuente: Cuadro obtenido del libro de FIEL – “La regulación de la competencia y de los servicios públicos. Teoría y experiencia argentina reciente”, Argentina, 1999;

A mediados de la década del ´80 la capacidad de producción de OSN era de 3,6 millones de m3 /día, cantidad que se destinaba a servir a un total de 5,5 millones de habitantes. Con el comienzo de la concesión privada se observa que la capacidad de producción de aguas se incrementa en un 39% en los primeros tres años de la concesión, para reducirse levemente al cuarto año (-0,7%).
Con relación a la cantidad de habitantes con servicio de agua, los valores reales resultaron levemente superiores a los proyectados al 4º año (la cobertura real ascendió a 80,3% mientras que la oferta preveía el 79%). En otras palabras, se incorporaron 1,12 millones de habitantes cuando la oferta planteaba la incorporación en dicho lapso de 1,01 millones. En el caso de cloacas, el nivel de expansión supera al previsto en las metas, alcanzando una cobertura del 61,13% de la población.
Respecto a los cambios realizados en la conducta organizacional, se puede observar el desempeño de uno y otro tipo de firma con relación a la demora en atender los reclamos efectuados por los clientes. Mientras que OSN demoraba en término medio un mes (Capital Federal) y dos meses (conurbano), Aguas Argentinas logró al tercer año de la concesión atender los reclamos pendientes en un plazo no superior a las 48 hs.
La primera revisión extraordinaria, que dio lugar a un incremento en las tarifas percibidas por la concesionaria, tuvo lugar en 1994 (Resolución ETOSS 81/94). La misma se originó a partir de un pedido por parte del concedente de adelantar metas de expansión y calidad que llevaron a un aumento en inversiones a realizar en dos años por $ 122 millones, lo cual provocó un incremento tarifario del 13,5% y en los cargos por infraestructura de agua y cloacas del 38% y 45% respectivamente (provocando un incremento entre 15% y 16% en la tarifa promedio).
La sanción de un nuevo marco legal en aspectos medioambientales planteó la necesidad de reconsiderar el contrato, adecuándolo a la nueva normativa vigente. Además se incluía la aprobación del plan de gestión ambiental y de manejo de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, el cual cambia las condiciones en materia de tratamiento aprobadas oportunamente. Dicho plan consiste en brindar cobertura cloacal adicional para aproximadamente 240.000 habitantes antes del 2004. Además cambia el enfoque del tratamiento a realizar de los líquidos cloacales.
Concretamente Aguas Argentinas durante casi nueve años de concesión invirtió más de 1.700 millones de dólares. La inversión se dividió de la siguiente forma:
739 millones en obras de expansión de los servicios de aguas y cloacas.
442 millones en renovación y rehabilitación de cañerías.
136 millones en el Plan de Saneamiento Integral (PSI).
401 millones otras inversiones.

Las principales obras son:
Río Subterráneo. Sistema Oeste. U$S 229 millones.
Planta Depuradora Norte. U$S 116 millones.
Ampliación Planta Depuradora Sudeste. U$S 13 millones.
Ampliación Módulo Bernal. U$S 46 millones.
Inversión Destinada a la calidad de la atención al cliente U$S 83 millones.

Por su parte se ha registrado una importante inversión en recursos humanos: más de 800.000 horas de capacitación.
En 1997 se inauguró el centro de capacitación de la planta San Martín con 9 salas y con una capacidad para 210 personas según informa la Oficina de prensa de la empresa.
e) Ganancias de la empresa: reinvertidas y pago de dividendos.
Independientemente de la relevancia de las proyecciones presentadas en la oferta de la empresa, el cuadro 13 permite observar una mayor preponderancia de la financiación mediante endeudamiento, lo que genera un mayor peso de los intereses y servicios de la deuda sobre la generación de fondos de la empresa (facturación y “cash flow”), por lo cual obviamente el resultado neto como porcentaje de la facturación es inferior al previsto en las ofertas, lo cual llevó a una menor disponibilidad de fondos propios para el financiamiento de las inversiones.

– Cuadro 13 – Indicadores de gestión financiera
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Balances AA S.A.
Reinversión: En conjunto, según informa la Oficina de Prensa los accionistas realizaron aportes de capital y reinversiones por un total de u$s 439 millones de dólares, es decir el 75% de sus resultados acumulados.
En cuanto al punto de resultados y dividendos confeccionamos el cuadro 14:
– Reinversiones y dividendos – Cuadro 14
Resultado reinvertido período 1994-2001 en millones de US$ (*)

El cuadro anterior refleja claramente los resultados y dividendos de la empresa entre 1994 y 2001. El punto a remarcar es el coeficiente Dividendos /Resultado Neto, el cual es en promedio para el plazo citado de un 24%.

f) Evolución de los activos y pasivos de la empresa.

Algo ya se ha dicho en el apartado previo (Cuadro 13) sobre este punto. Sin embargo, es importante destacar que Aguas Argentinas tiene al 31 de diciembre de 2001 un deuda total que asciende a más de 706 millones de dólares, de los cuales el 95% es expresado en dicha moneda. Estos compromisos fueron contraídos con los organismos multilaterales y bancos privados.

3) Impacto de la devaluación

g) Efectos de la devaluación sobre el servicio, inversiones, deuda, tarifas, etc.

Al 31 de marzo de este año la pérdida por el efecto devaluación es de 1.150 millones de pesos según la Oficina de Prensa de la empresa.
En términos generales en el Contrato de Concesión de Aguas Argentinas se establece que los valores tarifarios de la fecha de Toma de Posesión tendrán vigencia durante todo el período de la Concesión. Estos valores fueron fijados en pesos y se contemplaron 2 tipos de revisiones: Revisiones Ordinarias (RO) y Revisiones Extraordinarias (RE). Las primeras surgen de cambios en las metas del Plan de mejoras y expansión del servicio propuesto por la concesionaria. Este plan se compone de períodos quinquenales y las Revisiones Ordinarias se discuten previo a la expiración del período quinquenal corriente. Específicamente la RO correspondiente al segundo período quinquenal puede contemplar sólo reducciones de los valores tarifarios y precios vigentes.
En cuanto a las Revisiones Extraordinarias, el ente regulador debe autorizar una mesa de negociaciones si una canasta de índices representativos de la estructura de costos (combustibles, energía eléctrica, costo financiero, etc.) supera un umbral del 7%.
Por otra parte, en el punto 11.11.5.1 del Contrato de Concesión de Aguas Argentinas se señala que una modificación legal de la paridad fijada por la Ley Nº 23.928 será causal de convocatoria a una Revisión Extraordinaria. Sin embargo, esta cláusula fue modificada por el Decreto 1167/97 que acuerda el traslado a precios y tarifas de variación legal de la paridad (salvo que dentro de los 15 días a partir de ocurrida la variación, la Autoridad de Aplicación adoptara otra determinación, previa consulta con el Concesionario).

4) Análisis Económico

Antes de presentar una propuesta, es prioritario hacer algunas acotaciones de análisis económico.
En primer lugar, el punto que debe entenderse es el de la ganancia empresarial. ¿Qué significa que una empresa obtenga beneficios? Si una empresa gana dinero esto implica que la misma generó un servicio o produjo un bien que los consumidores valoraron. Esto es la esencia del capitalismo y del libre mercado. Si los consumidores no están de acuerdo con lo que la empresa provee la castigan no consumiendo el bien o servicio resultando en pérdidas a la misma y su consecuente desplazamiento del mercado. En palabras de Ludwig von Mises “El beneficio del empresario brota de su capacidad para prever, con mayor justeza que los demás, la futura demanda de los consumidores. La empresa con fin lucrativo hállase inexorablemente sometida a la soberanía de los consumidores. Las pérdidas y las ganancias constituyen los resortes gracias a los cuales el imperio de los consumidores gobierna el mercado”.[14]
Es por esto que es vital que haya apertura en todos los mercados. Es por esto que nuestra crítica a la privatización de las telecomunicaciones no está orientada a las tarifas cobradas o los servicios prestados sino a la división del mercado en tan solo dos regiones que imposibilitaron una mayor competencia con los beneficios para los consumidores que esto traería aparejado.
En segundo lugar, el punto a analizar es el de la entrada y salida de capitales. Es indistinto para cualquier consumidor si el bien o servicio que elige consumir es provisto por argentinos, europeos o norteamericanos. El punto está en que los mismos cumplan con las leyes que nuestro Congreso ha sancionado de tal manera de no recibir un tratamiento diferenciado de cualquier inversor argentino. Como bien dice la literatura económica, el capital no tiene patria, se dirige hacia donde la rentabilidad es mayor y el riesgo menor. ¿Qué implica un riesgo menor? Instituciones, leyes y reglas de juego claras y perdurables en el tiempo.
Por último, un análisis del caso de los precios máximos, que tan interesante aplicación le encontramos al tema que estamos estudiando. El análisis económico enseña que un precio máximo siempre genera escasez.
Comenzando por analizar las simples curvas de oferta y demanda, esta última muestra que ante un precio mayor los consumidores tenderán a demandar menor cantidad de servicio, mientras que si el precio baja, la cantidad demandada será mayor. Por su parte, lo que refleja la curva de oferta es que ante un precio alto, la cantidad ofrecida será mayor, mientras que si el precio baja, el empresario estará incentivado a ofrecer menor cantidad del servicio. El punto en el que se cruzan ambas curvas, enseña la economía, será en donde finalmente se determina el precio del servicio y a su vez la cantidad del bien que se ofrecerá y demandará. Esto es lo que puede observarse claramente en los siguiente gráficos:
Ahora, ¿Qué sucede si el gobierno coloca un límite máximo al precio del servicio (Pm), como puede ser el caso de las tarifas de los servicios públicos que estamos analizando? En palabras del Dr. Gabriel Zanotti “al ser fijado el precio máximo, se produce, en primer lugar, una contracción de la oferta. Muchos vendedores retiran sus productos, por la sencilla razón de que la oferta tiende a ser directamente proporcional al precio (menor precio, menor oferta), y además, en muchos casos, el empresario no puede mantener sus costos a un precio más bajo. Resultado: muchas empresas comienzan a quebrar. En segundo lugar, se expande la demanda, por la sencilla razón de que a ese nuevo precio (menor) hay nuevos compradores que al precio anterior (más alto) no accedían al mercado.”[15]
Traducido al caso que nos compete y que ya hemos vivido hace poco más de una década: cortes de luz, escasez de inversiones y baja en la calidad de todos los servicios públicos por un lado, y menor acceso al servicio por parte de la población por otro. Como se señaló al principio, escasez.

5) Algunas reflexiones finales y propuesta :

Antes de comenzar el apartado final del presente informe debemos aclarar que el respeto de los contratos por parte del Estado argentino implicaba desde un principio la “no devaluación” y por sobre todo la “no pesificación”. Ambas políticas automáticamente destruyeron todo contrato vigente.
Sin embargo, más allá de estas políticas desacertadas desde nuestro punto de vista, creemos que la situación puede ser aun peor si se mantiene este claro mensaje de no actuar en función del respeto al Estado de derecho y a los contratos.
A lo largo del presente trabajo se ha intentado dar algunos argumentos contrarios a la propuesta de re-estatizar las empresas públicas. En los tres casos estudiados hemos encontrado características similares:
1) En cuanto al servicio provisto antes de la privatización puede argumentarse sin temor a equivocarnos que el mismo era realmente deficiente, con un escaso nivel de inversiones, demanda insatisfecha, sobredimensiones en el personal, retraso tecnológico, mantenimiento ineficiente, alto nivel de reclamos de usuarios, fuerte nivel de pérdidas y desorden organizativo.
2) Las empresas de servicios públicos privatizados han generado fuertes sumas de dinero como ingreso al Estado Nacional: en primer lugar a través de los montos pagados para recibir la concesión del servicio (sea con dinero en efectivo o con bonos) y en segundo lugar por las importantes sumas de dinero aportadas en impuestos.
3) La década del ’90 y el proceso pos-privatización ha dejado claro un notable incremento en la inversión y en la calidad del servicio. En todos los casos el servicio ha llegado a extenderse a mayor cantidad de usuarios lo cual implica un mayor bienestar para un mayor número de individuos. Según la información presentada en este informe se han registrado los siguiente montos de inversiones:
-16.000 millones de dólares en el caso de las telecomunicaciones;
-1.165 millones de dólares en el caso de Edenor;
-1.700 millones de dólares en el caso de Aguas Argentinas.

4) Las empresas han obtenido importantes beneficios a lo largo de la década, lo cual se traduce, según se explicó en el apartado de análisis económico, en una importante contribución a la sociedad argentina o más concretamente en la satisfacción de las necesidades de los individuos. Cabe destacar que el efecto de la devaluación revirtió estos resultados. En el caso del agua y desagües cloacales, por ejemplo, las pérdidas de tan sólo el año 2002 compensan y duplican los dividendos que habían obtenido en toda la década.
5) Se ha registrado un importante endeudamiento en las empresas, el cual se deduce de un fuerte aumento del pasivo para realizar las inversiones ya señaladas. En general, las mismas provienen de fuentes extranjeras y en divisas como dólares o euros lo cual les genera dificultades dadas por la devaluación del peso.

Es en base a estos cinco puntos señalados que se analizan los siguientes cuatro caminos alternativos:
1) No respetar los contratos y re-estatizar las empresas públicas;
2) No respetar los contratos y dejar las tarifas tal como están;
3) No respetar los contratos y renegociar;
4) Respetar los contratos y permitir el pass-through del 100% de la devaluación a la tarifa final.

1º camino: No respetar los contratos y re-estatizar


Si nos guiamos por la calidad del servicio previo a la privatización, y mejor aún, por la calidad del servicio luego de la privatización ya no hay mucho más que decir respecto de la re-estatización. Por otro lado, existe en la sociedad una opinión favorable respecto del servicio que se ha provisto a lo largo de la década.
Según el encuestador Enrique Zuleta Puceiro en un artículo publicado en el diario Clarín el día 18 de agosto de 2002 titulado “Un debate con tantos límites que debe esperar más para saldarse” se comenta que “un 84 % de la gente tiene una imagen positiva del servicio eléctrico. […] Un 66,4 % del teléfono. Un 56,4 % del agua. […] O sea, hay una valoración positiva de los servicios”.
La conclusión que puede obtenerse tras la información recolectada para este informe es que el estado es totalmente ineficiente para proveer cualquier bien o servicio, por lo cual debe estar totalmente fuera de cualquier función empresarial.
Ya lo decía Alberdi en su “Sistema Económico y Rentístico”: “Toda ley, todo reglamento, todo estatuto, que saca de manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones, que se reputan y son industriales por esencia en todas las legislaciones del mundo, y hace de él un monopolio o servicio exclusivo del Estado, ataca las libertades concedidas por la Constitución, y altera la naturaleza del gobierno, cuyas atribuciones se reducen por la Constitución a legislar, juzgar y gobernar; jamás a ejercer industrias de dominio privado. No hallaréis en toda la Constitución argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura o las manufacturas por cuenta del Estado. […] El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional; y si excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad. […] Si esas industrias fuesen atribuciones suyas y no de los particulares, por utilidad del Estado convendría desprenderle de ellas, y preferirlas a los particulares. No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el gobierno; porque siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución, que no ha organizado sus facultades ni deberes como para casa de comercio, sino para el gobierno del Estado. Y concluye con las siguientes palabras: “La idea de una industria pública es absurda y falsa en su base económica. La industria en sus tres grandes modos de producción es la agricultura, la fabricación y el comercio; pública o privada, no tiene otras funciones. En cualquiera de ellas que se lance el Estado, tenemos al gobierno de labrador, de fabricante o de mercader; es decir fuera de su rol esencialmente público y privativo, que es de legislar, juzgar y administrar.”[16]
Sin embargo, más allá de este punto fundamental remarcado hace tantos años por Alberdi puede ser importante aclarar algunas consecuencias que surgen de romper con las reglas de juego, esto es no respetar los contratos. Para empezar, esta es una típica política de un país poco serio. La misma imagen que hemos enviado al mundo con nuestro Presidente y Congreso festejando el default por no poder pagar los intereses de nuestros compromisos con el exterior, es la que se transmite con esta política. Esto implica decirle a los inversionistas (argentinos y extranjeros) “no queremos que inviertan aquí”, dado que los mismos buscan poco riesgo, y no es lo que encuentran en un país donde no existe la seguridad jurídica.
Ahora, ¿Es importante la inversión? La ciencia económica y la historia de todas las naciones desarrolladas han demostrado que la única forma de mejorar el nivel de vida de los individuos es a través de la inversión. No hay otra salida. Para que haya inversión es fundamental que haya ahorro. Ha sido publicado prácticamente en todos los diarios del país que individuos argentinos tienen 100.000 millones de dólares en el exterior. ¿Por qué en el exterior? Por la misma razón por la cual los inversionistas extranjeros, incluso las empresas que proveen los servicios públicos se resisten a traer su dinero aquí, porque no hay instituciones fuertes y confiables. ¿Cómo se hace para revertir esta situación? Comenzando “ya” por respetar los contratos, la propiedad privada, las leyes. Esto que parece tan básico en cualquier sociedad civilizada en Argentina brilla por su ausencia.

2º camino: No respetar los contratos y dejar las tarifas como están

Según el último punto desarrollado en el apartado de análisis económico, existen dificultades para poder mantener las tarifas tal como están. Como hemos podido percibir en la economía argentina, los precios de todos los bienes y servicios han aumentado. Si bien el INDEC sostiene que en promedio la suba de precios ha rondado el 40% en el año 2002, puede verse que artículos como por ejemplo la leche han aumentado prácticamente un 100%. Es importante destacar que si la suba de los precios no ha sido en promedio mayor es en gran parte porque los servicios públicos no han podido ajustar sus tarifas. ¿Quién y cómo se lo han impedido? El gobierno a través de un precio máximo. Como ya explicamos en este informe, el precio máximo provoca siempre escasez, o en su defecto falta de inversiones, y baja calidad del servicio.
En otras palabras, si se obliga a las empresas a sostener este nivel de tarifas las mismas automáticamente pasarían a ofrecer un servicio deficiente, similar al de la década del ’80 con todo el descontento que esto genera en la sociedad, y con fuertes posibilidades de que esto termine en una re-estatización. En conclusión, esto implica retroceder varios años en materia de servicios públicos, más allá del no respeto de los contratos ya comentado en el punto previo.

3º camino: No respetar los contratos y renegociar

Esta alternativa presenta el mismo inconveniente fundamental que los caminos previos: el no al respeto de los contratos.
Al final del presente informe se hace una importante excepción sobre la renegociación del contrato, pero se da simplemente cuando una norma contradice otra de jerarquía mayor como es la Constitución Nacional.
Las renegociaciones de contratos son por definición un instrumento no deseable y de uso extraordinario en sociedades organizadas. Si bien en algunas oportunidades se alcanza mediante los mismos un beneficio de corto plazo, a largo plazo esto siempre redunda en un bienestar menor, lo cual ya debe ser claro si se tiene en cuenta lo expuesto en apartados anteriores, o si simplemente observamos la realidad argentina. La ausencia de seguridad jurídica e instituciones fuertes destruye la confianza y por sobre todo el elemento esencial del capitalismo: la competencia.
Como bien se argumenta en un artículo publicado por FIEL “en toda privatización o licitación los contendientes a ganar un contrato compiten haciendo una oferta al gobierno (precio, inversión, calidad, plazo) y este elige al ganador en base a la mejor oferta y le otorga el servicio mediante la firma de un contrato de concesión. Si los términos de dicho contrato son fácilmente renegociables por el ganador, la compulsa inicial por el servicio se transforma en una parodia de competencia donde los oferentes ofrecen cualquier cosa con tal de ganar (aún mintiendo) total después se sientan con el regulador a renegociar el contrato.”
Ahora, según se desprende de la investigación realizada y de los datos recolectados, las empresas privatizadas han cumplido en términos generales con los contratos vigentes antes de la devaluación.
Como se decía al principio, la renegociación de los contratos sólo puede darse en caso de una contingencia no prevista. ¿Es una devaluación una contingencia no prevista en los contratos de concesión de servicios públicos en la Argentina? De ninguna manera. Las tarifas se fijaron en dólares justamente para proteger a las empresas y a sus inversiones de una eventual devaluación.
Es por ello que llegamos finalmente a la propuesta con la cual concluimos el trabajo: Respetar los contratos, las instituciones y la seguridad jurídica.

4º camino: Respetar los contratos

Este es el camino más recomendable. Es lo que elegiría un gobierno comprometido con los principios de economía de mercado y gobierno limitado. Consiste en cumplir con los contratos firmados oportunamente con las empresas privatizadas, lo que implica permitirles el pass-through del 100% de la devaluación a la tarifa final. No hay renegociación de ningún contrato.
¿Es esto posible? ¿Es esto viable? No son pocos los que argumentan que esto no es posible, no es viable. Respetar los contratos como decíamos al principio significa permitir el completo pass-through. ¿Significa esto que las privatizadas aumentarán sus tarifas un 250%? La respuesta es no.
Argumentamos: Si se le permitiera a un vendedor de zapatos aumentar hasta 100 veces el precio de los mismos, ¿lo haría? No, simplemente porque tendrá un problema con los consumidores que no valorarán dicho bien como para entregar a cambio 100 veces más dinero.
Por supuesto que el caso de las privatizadas no es igual, dado porque las mismas proveen un servicio que hoy no es provisto por otros competidores. En otras palabras puede decirse que hay ausencia de competencia. Y aquí está el punto que queremos desarrollar: Es fundamental abrir el mercado de telecomunicaciones, así como el de todos los servicios que proveen las empresas privatizadas de tal manera de que haya competencia y se impida por medio del mercado la suba de tarifas que con otros medios el gobierno hoy está buscando evitar.
Por otra parte, debe remarcarse otra ventaja importante de aplicar esta alternativa. El estado, además de respetar los contratos (algo nada desdeñable en la Argentina de hoy) tiene la excusa para profundizar la desregulación y la competencia en el sector para mitigar el aumento en las tarifas. Dado que las compañías enfrentan tasas de morosidad e incobrabilidad crecientes, no podrán trasladar la totalidad del aumento en la paridad cambiaria a la tarifa. Según se informa en un artículo titulado “las empresas reconocen un límite”, cualquier aumento que se aplique a las tarifas hará trepar más aún la morosidad en el pago. Hoy 4 de cada 10 paga fuera de término. Concretamente, la mora va del 25,2% (para la telefonía celular) al 43,8% (para la luz).”
Cabe remarcar que esto es lo que ha hecho que en sus propuestas de renegociación las empresas privatizadas busquen un ajuste en las tarifas de entre un 30 a un 50%. En líneas generales, las subas pedidas acompañaron el índice de inflación minorista, que en lo que va del año acumula un 34,3% según el INDEC.
A su vez, todas las empresas hicieron hincapié en que se reduzca el componente impositivo. Ahora, ¿cómo se compone el mismo? Si tomamos las facturas que llegan a cada uno de nuestros hogares de Edenor, Metrogas, Telecom y Aguas Argentinas por ejemplo, nos encontramos (para muchos) con la siguiente sorpresa:
Edenor: Impuesto al valor agregado: 21.00 %; Fondo Provincia de Santa Cruz (Ley Nº 23681): 0.60 %; Impuesto Provincia de Buenos Aires (Leyes Nº 7.290/67 y8.016/73): 10.00 %; Fondo Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 9.038): 5.50 %; Contribución Municipal: 6.424 %; Contribución Provincial: 0.6424 %.
Esto significa que un 44.17 % de lo que cada uno de los argentinos pagamos en electricidad actualmente va a las arcas del estado.
Metrogas: Impuesto sobre Ingresos Brutos (transporte): 0.0069 %; Impuesto Ley 25.413: 0.05 %; Impuesto sobre Ingresos Brutos (distribución): 0.034 %; Impuesto al valor agregado: 21.00 %; Impuesto Provincial Ley 9266: 9.00 %; Fondo Contribución Decreto Nro 1136/96: 0.009 %; Fondo Fiduciario Subsidio Cons. (Ley 25.565): 0.0166 %.
Estos impuestos y contribuciones suman un 30.12 %.
Telecom: Impuesto al valor agregado: 21 %; Impuesto Provincia de Buenos Aires: 2.1677 %. Esto suma 23.1677 %
Aguas Argentinas: Impuesto al valor agregado: 21.00 %; Financiamiento Ente: 2.67 %. Nuevamente vemos que un 23,67 % de lo abonado por sus clientes va hacia las arcas del estado.
En resumen, vemos que la carga impositiva no es nada desdeñable al ver que va desde un 23 % para el caso de agua y teléfono hasta un 44 % en el caso de la electricidad.
Una reducción en el componente impositivo puede ser sumamente importante como complemento al aumento de tarifas producto de la eliminación del precio máximo y el respeto a los contratos.
Si además el gobierno profundiza las reformas pendientes en materia de apertura y competencia, pueden lograrse tarifas razonables en el mediano y largo plazo sin sacrificar la calidad del servicio, más allá del mensaje a todos los inversionistas del mundo que esto significa, lo cual equivale a decirles: “vengan a invertir a la Argentina, este es un país seguro”.
En conclusión, el estado consigue su objetivo de evitar el pass through del 100% a las tarifas sin quebrar la seguridad jurídica, esto es, ayudando a fortalecer nuestras instituciones. Este es el camino que Argentina debe emprender si quiere encaminarse hacia el primer mundo: Respetar la ley y los contratos, fortalecer las instituciones, hacer perdurar las reglas de juego, poner en primer plano de la política económica a la seguridad jurídica. Todos sinónimos del único camino posible. Y para esto no sólo basta con el gobierno, esto es un compromiso que deben tomar cada uno de los argentinos.
Pero cabe una última aclaración: actualmente los contratos niegan la posibilidad de una desregulación total. Esto implica que por ley las empresas que hoy proveen el servicio tienen una especie de monopolio o duopolio en dicho mercado. Y aquí cabe la excepción. Esto va en contra de la Constitución Nacional y de los derechos individuales. Es una de las causas por las que debe velar el Estado, esto es, la igualdad ante la ley. Esto sí debe ser fruto de una renegociación. El Estado no puede por medio de la ley impedir que una empresa provea un bien o servicio. Es por esto que aceptamos en parte la renegociación, siempre y cuando esta apunte a la desregulación que pedimos desde un principio.
La conclusión es simple: libre mercado, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Tres puntos fundamentales para alcanzar el progreso.


BIBLIOGRAFÍA

· Alberdi, Juan Bautista – “Economía y Constitución”, Selección de Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, Fundación para el Avance de la Educación;
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Telecom Argentina Stet-France telecom S.A.- Grupo Telecom – “Memoria y Estados Contables 2001”;
Zanotti, Gabriel – “Introducción a la Escuela Austríaca de Economía”, Centro de Estudios sobre la Libertad,

[1] De las 14 empresas más importantes de América Latina, seis son compañías telefónicas. El entonces presidente de la Bolsa porteña, Juan Bautista Peña, señaló una semana antes de la colocación: “En mis viajes recientes a varios de los más importantes centros financieros he comprobado que se esperan estas acciones con enorme interés. Y no es porque se trate de Telefónica o de Telecom. Es que se ganó plata en la privatización de teléfonos en Londres, en Madrid, en Chile, y se acaba de ganar muy buen dinero en la privatización en México. Fueron ganancias muy significativas. Es porque en comunicaciones hay todo un mundo de posibilidades que se abre.” (Martín Redrado – “Tiempo de desafíos” – Planeta – 1994)

[2] Son aquellas inversiones en donde el inversor tiene grandes dificultades e incluso imposibilidad para recuprar el dinero invertido.
[3] Se entiene por “subsidios cruzados” una diferenciación de precios en distintas regiones a través del cual se busca como objetivo poder cobrar precios menores en una región en la cual el poder adquisitivo de los individuos es menor, en detrimento de otros individuos de otra región en donde se cobran precios mayores, dado por el mayor poder adquisitivo de los mismos. En pocas palabras esto implica, quitarle a unos para darle a otros, según la nunca objetiva decisión del gobierno. Esto trae aparejado ineficiencias y distorsiones varias que impiden el siempre eficiente proceso de mercado.
[4] Se entiende por “penetración” que el servicio llegue a más individuos que hasta el momento no disponían de dicha oferta. El servicio de telecomunicaciones es un claro ejemplo.
[5] Cuadro obtenido del libro de FIEL – “La regulación de la competencia y de los servicios públicos. Teoría y experiencia argentina reciente”, Argentina, 1999;

[6] Giglio, Josefina – “La demanda de servicios públicos, en crisis”, Economía & Negocios, La Nación, 22 de julio de 2002
[7] Memoria y Estados Contables 2001-Telecom Argentina Stet-France telecom S.A.-Grupo Telecom
[8] EASA (Electricidad de Argentina S.A.) es el consorcio de EDENOR S.A., cuya actividad principal es la de comercialización y distribución de energía eléctrica. La misma está compuesta por EDF (Electricité de France – Francia), ENHER S.A. (Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana S.A. – España), ASTRA S.A. (Cía Argentina de Petróleo S.A. – Argentina), SAUR (Societe D’amenagement urbain et rural – Francia), ENDESA S.A. (Empresa nacional de Electricidad S.A. – España) y J.P. Morgan International Corporation.

[9] Luego de la devaluación y pesificación de tarifas, dispuesta a comienzos del año 2002, las tarifas quedaron a niveles comparativos absurdos, ya que –por ejemplo- se ubicaron a valores cuatro veces inferiores a nuestro vecino Brasil.
[10] El consorcio que está detrás de EDESUR S.A. es Distrilec Inversora. El mismo está compuesto por: Compañía Naviera Pérez Companc S. A.(Argentina), Distribuidora Chilectra (Chile), Metropolitana Chilectra S.A.(Chile), ENERSIS S.A.(Chile), ENDESA. (Chile) y PSI Energy INC.(EE.UU).

[11] En la actualidad, donde la paridad es aproximadamente 3,50 por dólar podemos imaginarnos que la pérdida debe ser aún mayor.
[12] Luego de la devaluación y pesificación de tarifas, dispuesta a comienzos del año 2002, las tarifas quedaron a niveles comparativos absurdos, ya que –por ejemplo- se ubicaron a valores cuatro veces inferiores a nuestro vecino Brasil.
[13] FIEL “La indexación de las tarifas de servicios públicos luego de la pesificación: un aporte al debate”

[14] Ludwig von Mises, “La Acción Humana – Tratado de Economía”, Editorial Sopec S.A., Madrid 1968;
[15] Gabriel Zanotti – “Introducción a la Escuela Austríaca de Economía”, Centro de Estudios sobre la Libertad, Pág. 51-52
[16] Juan Bautista Alberdi – “Economía y Constitución”, Selección de Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, Fundación para el Avance de la Educación, Pág. 58 y 59;

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