ESTADO DE BIENESTAR VS ECONOMÍA DE MERCADO. EL CASO DE SUECIA.

Uno de los diez principios básicos de la economía nos dice que “los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica”. Gregory Mankiw (2004, p. 7) lo explica sobre la base de la “mano invisible” de Adam Smith, señalando que “los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica”, aspecto ya señalado por Friedrich Hayek en un famoso artículo de 1945. Mankiw también parece coincidir con Ludwig von Mises (1920) en su teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, cuando afirma que “cuando un gobierno impide que los precios se ajusten a las condiciones naturales de la oferta y la demanda, impide que la mano invisible coordine a los millones de hogares y empresas que constituyen la economía.” Agrega Mankiw: “En los países comunistas, los precios no se determinaban en el mercado, sino que eran dictados por los planificadores centrales. Éstos carecían de la información que se refleja en los precios cuando éstos responden libremente a las fuerzas del mercado. Los planificadores centrales fracasaban porque trataban de dirigir la economía con una mano atada a la espalda: la mano invisible del mercado.”

Otro de los principios básicos de la economía nos dice que “el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado”. Mankiw argumenta sobre lo que podríamos denominar como el Estado de Derecho que “los mercados sólo funcionan si se respetan los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha y un restaurante no servirá almuerzos si no está seguro de que los clientes pagarán antes de irse. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que nos suministra el Estado para imponer nuestros derechos sobre las que cosas que producimos.” Pero Mankiw (2004, pp. 7-8) continúa: “Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos un Estado. […] “La mano invisible no garantiza que todo el mundo tendrá suficiente comida, una ropa digna y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impuesto a la renta y el sistema de asistencia social, pretende conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico.” Aquí es donde vemos el argumento central del Estado de Bienestar.

En la literatura se considera a los países nórdicos como aquellos que han logrado disfrutar de los beneficios de esta tercera vía, caracterizada como un sistema intermedio entre la economía de mercado y la economía socialista, que toma lo mejor de cada uno y deja de lado sus fallas.

Entre estos países nórdicos, se dice, Suecia ha encontrado el modo de alcanzar los más elevados niveles mundiales de igualdad social, sin coartar el espíritu empresarial. Suecia se presentaría como el modelo a seguir, por países avanzados y en desarrollo, por haber alcanzado un equilibrio entre la equidad y la eficiencia.

El objetivo de este artículo es analizar el debate entre economía de mercado y Estado de Bienestar, sobre la base del caso sueco. En la literatura, y también en la opinión pública, predomina un mito sobre la economía sueca y su Estado de Bienestar que es necesario reconsiderar.

Disponible en “GPS Económico”, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 4. (Mayo 2010)

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La liberalización de las drogas y los menores de edad

He leído numerosos escritos liberales que analizan el asunto de la liberalización de las drogas. Todos ellos llegan a una misma y válida conclusión: “No corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. No debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a si misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades”.

Sintéticamente, legalizar las drogas traería enormes beneficios: 1) Terminaría con el negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente; 2) reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los costos de producción e intermediación que implica la prohibición, lo cual significaría que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendría que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas sustancias; 3) lograría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal (esto es significativo considerando que “el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas“); 4) acabaría también con la alianza del narcotráfico y el poder político, reduciendo la corrupción; 5) minoraría el gasto público, al no tener los gobiernos que continuar su lucha contra las drogas.

Estos estudios, sin embargo, no se enfrentan a lo que considero que es el problema central. ¿Cuál debería ser la legislación en relación con los menores de edad? En la actualidad, en la lucha contra el tabaco y el alcohol se aplican sanciones a aquéllos que venden estas sustancias a niños y adolecentes. En tal sentido, se afirma que las drogas tendrían sanciones similares, aunque quizás más fuertes.

Citando un trabajo de David Boaz sobre la guerra a las drogas, explica Alberto Benegas Lynch:

Respecto de la publicidad de drogas y venta a menores de esos productos, en esta instancia del proceso de evolución cultural y hasta que no aparezcan otros procedimientos más efectivos, deberían mantenerse las mismas normas que hoy existen respecto del alcohol, las armas de fuego y la pornografía y por las mismas razones.

En pocas palabras, la legalización de las drogas implica una nueva legislación en la que cada “mayor de edad” debe ser responsable de las consecuencias de ingerir estas sustancias pero, al mismo tiempo, continúa la prohibición de las drogas para “menores de edad”.

De ser así, ¿no habría lugar entonces para que el mercado negro y el narcotráfico continuaran? Es cierto que el narcotráfico internacional se vería reducido, porque las drogas ya estarían disponibles para los mayores en las farmacias o en los negocios particulares. Pero, ¿qué evitaría que surjan mafias –y estas generaran similares consecuencias a las actuales– cuyo objetivo fuera el de hacer llegar las sustancias a los menores de edad en las escuelas y colegios? ¿Qué evitaría que se contraten niños o adolecentes para comercializar las drogas en estos lugares (considerando que a ellos no aplican las sanciones pertinentes)?

Y por otro lado, ¿habría sanciones a un padre que le compró drogas a su hijo? ¿Cabe aquí el argumento de que el Estado no debe ejercer un rol paternalista en el que se supone que sabe mejor que el propio padre qué es lo mejor para su hijo?

Lo dicho es parte de unas dudas mayores: en muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los liberales, la legislación es una para los mayores de edad y otra muy diferente para los niños y adolescentes.

Adrián Ravier es economista y profesor de la Universidad Francisco Marroquín y del Swiss Management Center University y escribe regularmente en su bitácora.

Adrián Ravier fue entrevistado en el programa radial de Roberto Cachanosky

Publicada 19/04/2010

Programa radial

Programa del jueves 15 de abril de 2010. Con la conducción de Roberto Cachanosky y la participación de Gustavo Lázzari. Entrevistas a Graciela Bevacqua (ex directora del IPC del INDEC y actual directora de la consultora Buenos Aires City), Adrián Ravier (profesor de ESEADE y autor de “En busca del pleno empleo”) y Corina Losada (directora de Junior Achievement Córdoba y del FIE 2010).

¿ES LA CREACIÓN DE UN FONDO MONETARIO EUROPEO LA SOLUCIÓN PARA LA CRISIS DE EUROPA?

La crisis financiera internacional ha dejado serias secuelas en los países denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), los que manifiestan una debilidad fiscal importante al no cumplir con el Tratado de Maastricht. El caso más grave es posiblemente el de Grecia, el que evidencia un nivel de deuda pública superior al 110 % de su PIB y un déficit fiscal anual que supera el 10 % del PIB.

La preocupación de los líderes de la Unión Europea (UE) no es, sin embargo, el rescate o no de la economía griega. La mayor preocupación consiste en qué hacer ante la eventual posibilidad de que otros países que incumplieron Maastricht –incluído el Reino Unido- se vean inmersos en la misma situación. Después de todo, dejar afuera de la UE a estos países terminaría con una unión que llevó mucho tiempo construir y que ha ofrecido numerosos beneficios a todos sus miembros.

La analista de Morgan Stanley, Emma Lawson, describe a Grecia como un “caballo de Troya” que amenaza no sólo al euro sino también a la credibilidad del BCE, debido a su incapacidad para atar en corto a los gobiernos con mayor déficit fiscal (Grecia, Irlanda y España). La percepción de los inversores se puede resumir en: “Falta de credibilidad en el Gobierno griego para que cumpla sus objetivos, falta de credibilidad en las instituciones de la UE para hacer frente a los Estados con alto déficit y falta de credibilidad en el propio euro”.

La falta de credibilidad se manifestará en falta de inversiones, lo que a su vez, implicará nuevas dificultades en la recuperación de la economía europea.

La pregunta que aquí nos planteamos es si la creación del Fondo Monetario Europeo es una política acertada o desacertada para paliar esta falta de credibilidad.

Disponible en “GPS Económico”, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 3.

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¿CRISIS EN GRECIA O EN LA UNIÓN EUROPEA?

La crisis desatada en Grecia en los últimos meses ha puesto de manifiesto algunos problemas en la Unión Europea (UE). Específicamente, nos referimos al cuestionamiento que hoy se le hace a los decisores de la Unión: 1) en integrar dentro de la Comunidad a países que no cumplían con ciertos requisitos esenciales, y 2) en la creación del euro como medio común de intercambio con la consecuente disolución de otras monedas nacionales.

El objetivo de este artículo es mostrar 1) que la Unión Europea conforma una herramienta que debería permitir a los países miembros más rezagados –como Portugal, Irlanda, Grecia o España- “importar instituciones” de los países más avanzados, que aceleren su desarrollo y exista una tendencia a igualar “hacia arriba” el PIB per cápita en la región; 2) que los problemas de Grecia son propios del país, si tenemos en cuenta la política económica que ha practicado en los últimos años; 3) que la política monetaria irresponsable del Banco Central Europeo (BCE) ha creado ciertos problemas dentro de la Unión –como fue el caso de la burbuja inmobiliaria- a la que ningún país, débil o fuerte, está exento; 4) que como bien anticipó Hayek en los años 1970, fue un error abolir las monedas nacionales y crear una moneda única para toda la UE.

Disponible en “GPS Económico“, primera revista on line de Economía y Negocios, No, 2.

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Pensiones en España. El desafío de la transición

Toda crisis económica abre la oportunidad de un cambio. La crisis económica en España, con su terrible efecto sobre el empleo, comienza a abrir una agenda de reformas indispensables que se hallaba cerrada desde hace mucho tiempo.

Dentro de esta agenda, el debate sobre las pensiones vuelve a estar encima de la mesa, y ya se han alzado las voces liberales del país en contra del sistema de reparto y a favor de un sistema de capitalización. En tal sentido podemos destacar los valiosos aportes de Pedro Schwartz, Juan Ramón Rallo, Gabriel Calzada y Carlos Rodríguez Braun. Incluso el ex presidente José María Aznar ha destacado que “el sistema de pensiones no puede aguantar“. (Lástima que no aprovechara su gestión para implementar una reforma).

En este artículo sólo quiero hacer una reflexión sobre un punto que ha enfatizado mi colega María Blanco: “Pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización no es cosa fácil, las transiciones suelen ser siempre complicadas”.

Observo una tendencia, tanto en los liberales argentinos como en los españoles, a caer en el simplismo de resumir los grandes logros del caso chileno en la reforma de las pensiones. Yo mismo lo he hecho en mi columna. Pero pocos, o quizás ninguno de nosotros, nos hemos arremangado y puesto a trabajar en lo que seguramente es la preocupación de los políticos (y con ello me refiero tanto al poder ejecutivo como el legislativo): como efectuar la transición a tal sistema.

Me refiero a que el sistema de capitalización resolverá el problema de las futuras generaciones, puesto que el ahorro de la actual población activa se invertirá y rendirá sus frutos para dentro de dos, tres o cuatro décadas, dejando además una importante generación de empleo y un positivo efecto sobre la actividad económica. Sin embargo, también dejará un agujero fiscal que obligará al Gobierno que lleve adelante la reforma a endeudarse o a incrementar los recursos tributarios para financiar a los actuales pensionistas.

Y en este sentido Argentina puede ofrecerles una lección. Argentina “resolvió” el problema de la transición obligando a las administraciones de pensiones a invertir un tercio del dinero recaudado en la compra de deuda pública. Las administradoras, por un lado, recibían así importantes ganancias fruto de adquirir los arriesgados títulos públicos. El Estado, por el otro, lograba resolver un problema de caja acuciante, y así financiar a los actuales pensionistas, con los cuantiosos recursos que recibía de las administradoras. Esto es lo que en otra columna denominé el mito de las pensiones privadas.

Si el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner decidió estatalizar el sistema, fue tanto por la voracidad fiscal que los caracteriza, como por la necesidad de interrumpir un proceso de endeudamiento público que hacía inviable la política fiscal de su Gobierno.

Los liberales españoles deben estudiar el exitoso caso chileno y también el fracaso argentino. El desafío es imaginar una transición que convenza a la clase política española de que un sistema de capitalización, además de superior, es posible.

Adrián Ravier es economista de la Fundación Friedrich A. von Hayek y escribe regularmente en su bitácora.

Publicado originalmente en Libertad digital, 16 de marzo de 2010.

La burbuja inmobiliaria en España

La expansión monetaria y crediticia que los distintos bancos centrales han llevado adelante en las últimas décadas ha provocado una “burbuja inmobiliaria global” sin precedentes. No se trata sólo de la crisis sub-prime en los Estados Unidos. Se trata de una “burbuja” mundial de activos inmobiliarios, como se puede observar en el gráfico No. 1, que comprende prácticamente a todos los países industrializados, como Australia, Bélgica, Irlanda, España, Canadá, Dinamarca, Italia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y Reino Unido. En todos estos países el precio real de las propiedades se ha elevado en forma continua durante gran parte de la última década. Las excepciones a la regla, entre los países seleccionados, las constituyen Alemania y Japón.

El objetivo de este artículo es estudiar la burbuja inmobiliaria española, la que alcanzó niveles exorbitantes, incluso por encima de la burbuja americana.

Publicado en “GPS Económico“, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 1 (Febrero de 2010).

Disponible aquí en forma gratuita.

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