ESTADO DE BIENESTAR VS ECONOMÍA DE MERCADO. EL CASO DE SUECIA.

Uno de los diez principios básicos de la economía nos dice que “los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica”. Gregory Mankiw (2004, p. 7) lo explica sobre la base de la “mano invisible” de Adam Smith, señalando que “los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica”, aspecto ya señalado por Friedrich Hayek en un famoso artículo de 1945. Mankiw también parece coincidir con Ludwig von Mises (1920) en su teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, cuando afirma que “cuando un gobierno impide que los precios se ajusten a las condiciones naturales de la oferta y la demanda, impide que la mano invisible coordine a los millones de hogares y empresas que constituyen la economía.” Agrega Mankiw: “En los países comunistas, los precios no se determinaban en el mercado, sino que eran dictados por los planificadores centrales. Éstos carecían de la información que se refleja en los precios cuando éstos responden libremente a las fuerzas del mercado. Los planificadores centrales fracasaban porque trataban de dirigir la economía con una mano atada a la espalda: la mano invisible del mercado.”

Otro de los principios básicos de la economía nos dice que “el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado”. Mankiw argumenta sobre lo que podríamos denominar como el Estado de Derecho que “los mercados sólo funcionan si se respetan los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha y un restaurante no servirá almuerzos si no está seguro de que los clientes pagarán antes de irse. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que nos suministra el Estado para imponer nuestros derechos sobre las que cosas que producimos.” Pero Mankiw (2004, pp. 7-8) continúa: “Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos un Estado. […] “La mano invisible no garantiza que todo el mundo tendrá suficiente comida, una ropa digna y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impuesto a la renta y el sistema de asistencia social, pretende conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico.” Aquí es donde vemos el argumento central del Estado de Bienestar.

En la literatura se considera a los países nórdicos como aquellos que han logrado disfrutar de los beneficios de esta tercera vía, caracterizada como un sistema intermedio entre la economía de mercado y la economía socialista, que toma lo mejor de cada uno y deja de lado sus fallas.

Entre estos países nórdicos, se dice, Suecia ha encontrado el modo de alcanzar los más elevados niveles mundiales de igualdad social, sin coartar el espíritu empresarial. Suecia se presentaría como el modelo a seguir, por países avanzados y en desarrollo, por haber alcanzado un equilibrio entre la equidad y la eficiencia.

El objetivo de este artículo es analizar el debate entre economía de mercado y Estado de Bienestar, sobre la base del caso sueco. En la literatura, y también en la opinión pública, predomina un mito sobre la economía sueca y su Estado de Bienestar que es necesario reconsiderar.

Disponible en “GPS Económico”, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 4. (Mayo 2010)

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La liberalización de las drogas y los menores de edad

He leído numerosos escritos liberales que analizan el asunto de la liberalización de las drogas. Todos ellos llegan a una misma y válida conclusión: “No corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. No debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a si misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades”.

Sintéticamente, legalizar las drogas traería enormes beneficios: 1) Terminaría con el negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente; 2) reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los costos de producción e intermediación que implica la prohibición, lo cual significaría que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendría que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas sustancias; 3) lograría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal (esto es significativo considerando que “el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas“); 4) acabaría también con la alianza del narcotráfico y el poder político, reduciendo la corrupción; 5) minoraría el gasto público, al no tener los gobiernos que continuar su lucha contra las drogas.

Estos estudios, sin embargo, no se enfrentan a lo que considero que es el problema central. ¿Cuál debería ser la legislación en relación con los menores de edad? En la actualidad, en la lucha contra el tabaco y el alcohol se aplican sanciones a aquéllos que venden estas sustancias a niños y adolecentes. En tal sentido, se afirma que las drogas tendrían sanciones similares, aunque quizás más fuertes.

Citando un trabajo de David Boaz sobre la guerra a las drogas, explica Alberto Benegas Lynch:

Respecto de la publicidad de drogas y venta a menores de esos productos, en esta instancia del proceso de evolución cultural y hasta que no aparezcan otros procedimientos más efectivos, deberían mantenerse las mismas normas que hoy existen respecto del alcohol, las armas de fuego y la pornografía y por las mismas razones.

En pocas palabras, la legalización de las drogas implica una nueva legislación en la que cada “mayor de edad” debe ser responsable de las consecuencias de ingerir estas sustancias pero, al mismo tiempo, continúa la prohibición de las drogas para “menores de edad”.

De ser así, ¿no habría lugar entonces para que el mercado negro y el narcotráfico continuaran? Es cierto que el narcotráfico internacional se vería reducido, porque las drogas ya estarían disponibles para los mayores en las farmacias o en los negocios particulares. Pero, ¿qué evitaría que surjan mafias –y estas generaran similares consecuencias a las actuales– cuyo objetivo fuera el de hacer llegar las sustancias a los menores de edad en las escuelas y colegios? ¿Qué evitaría que se contraten niños o adolecentes para comercializar las drogas en estos lugares (considerando que a ellos no aplican las sanciones pertinentes)?

Y por otro lado, ¿habría sanciones a un padre que le compró drogas a su hijo? ¿Cabe aquí el argumento de que el Estado no debe ejercer un rol paternalista en el que se supone que sabe mejor que el propio padre qué es lo mejor para su hijo?

Lo dicho es parte de unas dudas mayores: en muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los liberales, la legislación es una para los mayores de edad y otra muy diferente para los niños y adolescentes.

Adrián Ravier es economista y profesor de la Universidad Francisco Marroquín y del Swiss Management Center University y escribe regularmente en su bitácora.

Adrián Ravier fue entrevistado en el programa radial de Roberto Cachanosky

Publicada 19/04/2010

Programa radial

Programa del jueves 15 de abril de 2010. Con la conducción de Roberto Cachanosky y la participación de Gustavo Lázzari. Entrevistas a Graciela Bevacqua (ex directora del IPC del INDEC y actual directora de la consultora Buenos Aires City), Adrián Ravier (profesor de ESEADE y autor de “En busca del pleno empleo”) y Corina Losada (directora de Junior Achievement Córdoba y del FIE 2010).

¿ES LA CREACIÓN DE UN FONDO MONETARIO EUROPEO LA SOLUCIÓN PARA LA CRISIS DE EUROPA?

La crisis financiera internacional ha dejado serias secuelas en los países denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), los que manifiestan una debilidad fiscal importante al no cumplir con el Tratado de Maastricht. El caso más grave es posiblemente el de Grecia, el que evidencia un nivel de deuda pública superior al 110 % de su PIB y un déficit fiscal anual que supera el 10 % del PIB.

La preocupación de los líderes de la Unión Europea (UE) no es, sin embargo, el rescate o no de la economía griega. La mayor preocupación consiste en qué hacer ante la eventual posibilidad de que otros países que incumplieron Maastricht –incluído el Reino Unido- se vean inmersos en la misma situación. Después de todo, dejar afuera de la UE a estos países terminaría con una unión que llevó mucho tiempo construir y que ha ofrecido numerosos beneficios a todos sus miembros.

La analista de Morgan Stanley, Emma Lawson, describe a Grecia como un “caballo de Troya” que amenaza no sólo al euro sino también a la credibilidad del BCE, debido a su incapacidad para atar en corto a los gobiernos con mayor déficit fiscal (Grecia, Irlanda y España). La percepción de los inversores se puede resumir en: “Falta de credibilidad en el Gobierno griego para que cumpla sus objetivos, falta de credibilidad en las instituciones de la UE para hacer frente a los Estados con alto déficit y falta de credibilidad en el propio euro”.

La falta de credibilidad se manifestará en falta de inversiones, lo que a su vez, implicará nuevas dificultades en la recuperación de la economía europea.

La pregunta que aquí nos planteamos es si la creación del Fondo Monetario Europeo es una política acertada o desacertada para paliar esta falta de credibilidad.

Disponible en “GPS Económico”, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 3.

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¿CRISIS EN GRECIA O EN LA UNIÓN EUROPEA?

La crisis desatada en Grecia en los últimos meses ha puesto de manifiesto algunos problemas en la Unión Europea (UE). Específicamente, nos referimos al cuestionamiento que hoy se le hace a los decisores de la Unión: 1) en integrar dentro de la Comunidad a países que no cumplían con ciertos requisitos esenciales, y 2) en la creación del euro como medio común de intercambio con la consecuente disolución de otras monedas nacionales.

El objetivo de este artículo es mostrar 1) que la Unión Europea conforma una herramienta que debería permitir a los países miembros más rezagados –como Portugal, Irlanda, Grecia o España- “importar instituciones” de los países más avanzados, que aceleren su desarrollo y exista una tendencia a igualar “hacia arriba” el PIB per cápita en la región; 2) que los problemas de Grecia son propios del país, si tenemos en cuenta la política económica que ha practicado en los últimos años; 3) que la política monetaria irresponsable del Banco Central Europeo (BCE) ha creado ciertos problemas dentro de la Unión –como fue el caso de la burbuja inmobiliaria- a la que ningún país, débil o fuerte, está exento; 4) que como bien anticipó Hayek en los años 1970, fue un error abolir las monedas nacionales y crear una moneda única para toda la UE.

Disponible en “GPS Económico“, primera revista on line de Economía y Negocios, No, 2.

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Pensiones en España. El desafío de la transición

Toda crisis económica abre la oportunidad de un cambio. La crisis económica en España, con su terrible efecto sobre el empleo, comienza a abrir una agenda de reformas indispensables que se hallaba cerrada desde hace mucho tiempo.

Dentro de esta agenda, el debate sobre las pensiones vuelve a estar encima de la mesa, y ya se han alzado las voces liberales del país en contra del sistema de reparto y a favor de un sistema de capitalización. En tal sentido podemos destacar los valiosos aportes de Pedro Schwartz, Juan Ramón Rallo, Gabriel Calzada y Carlos Rodríguez Braun. Incluso el ex presidente José María Aznar ha destacado que “el sistema de pensiones no puede aguantar“. (Lástima que no aprovechara su gestión para implementar una reforma).

En este artículo sólo quiero hacer una reflexión sobre un punto que ha enfatizado mi colega María Blanco: “Pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización no es cosa fácil, las transiciones suelen ser siempre complicadas”.

Observo una tendencia, tanto en los liberales argentinos como en los españoles, a caer en el simplismo de resumir los grandes logros del caso chileno en la reforma de las pensiones. Yo mismo lo he hecho en mi columna. Pero pocos, o quizás ninguno de nosotros, nos hemos arremangado y puesto a trabajar en lo que seguramente es la preocupación de los políticos (y con ello me refiero tanto al poder ejecutivo como el legislativo): como efectuar la transición a tal sistema.

Me refiero a que el sistema de capitalización resolverá el problema de las futuras generaciones, puesto que el ahorro de la actual población activa se invertirá y rendirá sus frutos para dentro de dos, tres o cuatro décadas, dejando además una importante generación de empleo y un positivo efecto sobre la actividad económica. Sin embargo, también dejará un agujero fiscal que obligará al Gobierno que lleve adelante la reforma a endeudarse o a incrementar los recursos tributarios para financiar a los actuales pensionistas.

Y en este sentido Argentina puede ofrecerles una lección. Argentina “resolvió” el problema de la transición obligando a las administraciones de pensiones a invertir un tercio del dinero recaudado en la compra de deuda pública. Las administradoras, por un lado, recibían así importantes ganancias fruto de adquirir los arriesgados títulos públicos. El Estado, por el otro, lograba resolver un problema de caja acuciante, y así financiar a los actuales pensionistas, con los cuantiosos recursos que recibía de las administradoras. Esto es lo que en otra columna denominé el mito de las pensiones privadas.

Si el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner decidió estatalizar el sistema, fue tanto por la voracidad fiscal que los caracteriza, como por la necesidad de interrumpir un proceso de endeudamiento público que hacía inviable la política fiscal de su Gobierno.

Los liberales españoles deben estudiar el exitoso caso chileno y también el fracaso argentino. El desafío es imaginar una transición que convenza a la clase política española de que un sistema de capitalización, además de superior, es posible.

Adrián Ravier es economista de la Fundación Friedrich A. von Hayek y escribe regularmente en su bitácora.

Publicado originalmente en Libertad digital, 16 de marzo de 2010.

La burbuja inmobiliaria en España

La expansión monetaria y crediticia que los distintos bancos centrales han llevado adelante en las últimas décadas ha provocado una “burbuja inmobiliaria global” sin precedentes. No se trata sólo de la crisis sub-prime en los Estados Unidos. Se trata de una “burbuja” mundial de activos inmobiliarios, como se puede observar en el gráfico No. 1, que comprende prácticamente a todos los países industrializados, como Australia, Bélgica, Irlanda, España, Canadá, Dinamarca, Italia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y Reino Unido. En todos estos países el precio real de las propiedades se ha elevado en forma continua durante gran parte de la última década. Las excepciones a la regla, entre los países seleccionados, las constituyen Alemania y Japón.

El objetivo de este artículo es estudiar la burbuja inmobiliaria española, la que alcanzó niveles exorbitantes, incluso por encima de la burbuja americana.

Publicado en “GPS Económico“, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 1 (Febrero de 2010).

Disponible aquí en forma gratuita.

Una política de cielos abiertos para Argentina

Es irrelevante debatir si Aerolíneas Argentinas (AA) tiene que estar en manos del estado o no. En la medida que sea la única empresa que ofrece el servicio, los argentinos no podrán gozar de vuelos de calidad a bajo costo.

En este 2010 AA cumplirá 60 años de vida. Fundada por un decreto de Juan Domingo Perón en 1950, esta aerolínea es hoy la mayor de su país, concentrando —según un informe del Banco Ciudad— alrededor de un 90 por ciento de la demanda de vuelos de cabotaje. Su único competidor, la empresa chilena Lan, concentra el 10 por ciento restante.

AA ha mostrado en su historia una dinámica poco frecuente. En 1979 se transformó en Sociedad del Estado. En 1990, en el marco de una ola de privatizaciones de aerolíneas en toda Latinoamérica, fue privatizada, reteniendo el Estado la deuda, y cayendo la empresa bajo el consorcio español Iberia. En 2001, comenzó un proceso de ampliación de la participación en manos de funcionarios españoles, traspasando finalmente la aerolínea al Grupo Marsans. Finalmente, en julio de 2008, AA fue parte de la ola de re-nacionalizaciones del gobierno de los Kirchner, volviendo a la administración pública.

Los problemas sindicales continúan. Los subsidios a la aerolínea también. Los altos costos en este mercado siguen haciendo prohibitivo el acceso al servicio. La mala calidad de los viajes —representados en demoras y cancelaciones de vuelo— resulta en una consecuencia obvia.

Sin embargo, debemos observar aquí dos problemas diferentes:

Por un lado, el de su privatización o nacionalización. Ya forma parte de la agenda pública argentina de 2011, qué hará el nuevo gobierno con una empresa que hoy es financiada en una alta proporción por recursos tributarios, y no precisamente por los pasajeros que gozan del servicio (AA acumula pérdidas diarias de cuatro millones de pesos —poco más de un millón de dólares al día—). Mauricio Macri es quizás el único candidato presidencial que disparó la intención de re-privatizar la compañía.

Por otro, la apertura y desregulación del mercado. Que AA sea pública o privada resulta irrelevante, en comparación con la necesidad de desregular el mercado e ir hacia una política de cielos abiertos. Basta observar que tanto en EE.UU. como en diversos países de Europa se cuenta con aerolíneas estatales o de bandera y, sin embargo, el servicio es superior tanto en costo como en calidad.

Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause dan en la tecla cuando afirman que “el cambio no se circunscribe a la venta de una empresa estatal ni a su paso a manos privadas, sino al marco regulatorio de la actividad que permite o restringe el funcionamiento del mercado. Es la competencia real o potencial la que incentiva a los agentes del mercado, en este caso las compañías aéreas, a reducir tarifas, ofrecer más servicios y mejorar la eficiencia. En la Argentina, en particular, por ser un país de grandes extensiones, las alternativas de transporte aéreo accesibles resultan de fundamental importancia”.

Los mitos en este campo son numerosos. La desregulación, para los mal-informados, traería aparejado: 1) “el caos, la confusión y la incertidumbre”; 2) destruiría empleos; 3) resultaría en monopolios; 4) haría a los cielos menos seguros; 5) se incrementarían las pérdidas de equipaje, la sobreventa de asientos, las demoras en las salidas y llegadas de vuelos; 6) bajaría la calidad de las comidas y otros servicios en vuelo y 7)  habría una congestión en los aeropuertos.

La evidencia empírica, sin embargo, contradice estas hipótesis. Herbert G. Gruble desarrolla precisamente un estudio comparado de la desregulación americana y la regulación canadiense, durante el período 1979 y 1988, y muestra sus conclusiones:

“La performance comparativa de las aerolíneas de Canadá y EE.UU. entre 1979 y 1988 otorga una muy rara oportunidad de estudiar los efectos de los cambios en una política económica importante. Casi como un experimento de laboratorio, la industria de un país ha continuado operando en un entorno regulado mientras que en el otro se enfrentó a políticas totalmente diferentes, […] Los datos apoyan fuertemente el análisis teórico de los efectos de la desregulación. La mayor competencia en EE.UU. llevó a una notable reducción de los costos y tarifas en relación con los de Canadá. Tan espectaculares son los resultados que otras diferencias entre los dos países no pueden explicarlos. Generalmente, la desregulación aérea provee mayores beneficios a los consumidores”.

El caso chileno, también puede ilustrar la cuestión. Un trabajo de Jorge Asecio, publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo, explica que: “La incorporación de nuevas empresas prestatarias de servicios, así como la incorporación al mercado de nuevos y más modernos equipos de vuelo, que se adaptan mejor a los requerimientos de la demanda y presentan costos medios más bajos, aseguran un incremento de los niveles de demanda conocidos”. Además, agrega Asecio, “Las características del mercado llevaron a la autoridad a aplicar una política que permitiera generar condiciones de competencia, con lo cual se han obtenido incrementos de frecuencia, servicios a más bajo costo y una mayor cobertura aérea de nuestro país”.

En el caso de Inglaterra, la privatización de la British Airways es todavía recordada por el prestigio alcanzado en la calidad de sus servicios. El hecho de que las aerolíneas británicas compitan entre sí, como con aerolíneas extranjeras, dio como resultado que las tarifas de los vuelos que se originan en el Reino Unido sean, en general, más bajas que en los demás países europeos.

Por último, una mención especial merece el “Tratado de Cielos Abiertos para Europa”. Los 24 países miembros se resistieron durante un tiempo bastante prolongado a la desregulación, pero hoy disfrutan de los beneficios de una política de cielos abiertos entre Europa y EE.UU., pudiendo volar libremente de un país a otro, y en muchos casos, a menores costos que en automóvil, autobuses o incluso tren.

A modo de conclusión, no debemos confundir la privatización de la aerolínea argentina de bandera, con una política de cielos abiertos. La desregulación, y su consecuente competencia, muestran beneficios en todos los mercados en los que se le da lugar.

Adrián Ravier es economista de la Fundación Friedrich A. von Hayek (Argentina).

Publicado originalmente en El Cato Institute, 20 de enero de 2010.

¿Es posible eliminar los bancos centrales?

Hace un mes tuve la oportunidad de presentar ante la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) una lectura austríaca de la crisis financiera internacional. La AAEP reúne cada año a cientos de los más distinguidos economistas del país, donde la mayoría de los participantes no son necesariamente formados en la tradición de Mises y Hayek.

Mi presentación fue de unos 20 minutos, a partir de los cuales, se desarrollaron más tarde dos comentarios. Quiero hacer alusión aquí al segundo de ellos, correspondiente a la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Lidia Rosignuolo.

Debo decir que su comentario fue sumamente positivo para con mi trabajo, pero cerró con la siguiente afirmación: “En los comentarios finales y a modo de conclusión, Adrián plantea aquella vieja idea de Von Hayek, que sostenía que la eliminación de los bancos centrales y del dinero público era la manera más eficiente para evitar el ciclo económico. En mi opinión, esta idea de Von Hayek, por su muy baja probabilidad de aplicación, atenta per se contra la divulgación de las ideas de la escuela austríaca”.

Me surge entonces la siguiente pregunta: ¿Es realmente muy baja la probabilidad de terminar con los bancos centrales? El siguiente análisis me lleva a sugerir que la conclusión de la profesora Rosignuolo es correcta.

Y es que si bien es cierto que la actual presión sobre el dólar no tiene precedentes, hay numerosos agentes económicos que se benefician del sistema de la banca central, lo que hace sumamente difícil un cambio de este tipo.

La historia económica nos enseña dos importantes lecciones: la primera, que el mundo siempre ha sido inestable. Han habido fluctuaciones económicas aun antes de la creación de los bancos centrales del siglo pasado; la segunda, que la inestabilidad ha sido considerable y relativamente mayor en el último siglo.

Así como la libra esterlina, al abandonar el patrón oro, comenzó a recibir presiones que terminaron desplazándola, constituyendo un nuevo orden económico mundial sostenido sobre el dólar, hoy, la moneda americana, fruto de la mala política monetaria, muestra presiones similares.

¿Pero cuál puede ser el desenlace de esta historia? Las alternativas al dólar no son muchas. Los países de la Unión Europea, por ejemplo, presentan hoy serios problemas en su sistema bancario, y con la excepción de Alemania, toda la región está inmersa en una crisis inmobiliaria que no es comparativamente menor que la de Estados Unidos. Japón continúa tratando de salir de un estancamiento que ya lleva, al menos, dos décadas, además de los desafíos demográficos. China y Brasil se presentan como emergentes en crecimiento, sostenidos sobre una extensa población y mercados atractivos para la inversión, pero con mercados financieros insuficientemente líquidos.

Todo esto ha llevado a Barry Eichengreen –profesor de Economía y Ciencias Políticas de Berkeley– a sostener que “el dólar todavía es mejor que cualquiera de las alternativas”. No se observa en la actualidad una moneda alternativa que pueda emular el desplazamiento que el dólar ejerció sobre la libra.

¿Pero qué hay con el oro? Cualquier gráfico que compare la evolución de las distintas monedas y el oro nos llevará a la conclusión que este último es la mejor reserva de valor.

¿Es posible entonces un retorno al patrón oro y abandonar el sistema de banca central tal como hoy lo concebimos? O dicho en otros términos, ¿cuáles son los factores que impiden una reforma monetaria de dichas características?

Primero, el sistema político. Los gobernantes de todo el mundo saben que ante la necesidad de sumar votos, no hay nada mejor que recurrir rápidamente al banco central para así aumentar el gasto público sin necesidad de incrementar la presión impositiva. Una sistema de patrón oro sería –en pocas palabras– una enorme traba para mantener la actual estructura de gastos, y más aún, volvería inviables los intentos de incrementar aún más los roles del Estado sobre la economía.

En segundo lugar, tenemos que mencionar el factor “cultural”, gobernado hoy por lo que Jesús Huerta de Soto suele denominar como la “estatolatría”. Parece ser una norma para la sociedad que ante un problema económico el Estado debe actuar resolviéndolo todo. La inactividad estatal sería así un problema que rápidamente ejercería presiones sobre el regreso de la banca central.

Tercero, el sistema bancario, que ya no contaría con un prestamista de última instancia que lo salve de toda la irresponsabilidad con la cual muchas veces se maneja. Aparecería así un límite de mercado a la expansión crediticia, lo cual tendría un efecto benéfico al terminar con los recurrentes ciclos económicos, pero que implicaría terminar con la política de dinero fácil y las artificialmente bajas tasas de interés.

Cuarto, muchos pseudo empresarios poderosos ya no podrían contar con el extendido favor del Gobierno, sino que deberían ganarse en el mercado el favor del consumidor.

En quinto lugar, eliminar el sistema de banca central terminaría con los elevados niveles de inflación, lo que haría inútiles a los sindicatos, que hoy pelean justamente por recuperar el poder adquisitivo perdido. Millones de sindicalistas se quedarían sin trabajo.

En sexto lugar, habría numerosos grupos de presión que perderían sus contactos políticos. Todos los sectores que hoy viven de la “ayuda estatal” tendrían que desaparecer o bien buscar ayuda voluntaria del sector privado.

Séptimo, una especial mención merecen los funcionarios y sus asesores, quienes –por todos estos cambios– se verían enormemente reducidos en cantidad y a la vez, contarían con un menor volumen de fondos para aplicar políticas públicas.

Y por último, aparece el problema de todas las organizaciones internacionales que puesto que viven de las transferencias de los Estados nacionales rápidamente desaparecerían o al igual que los sectores que viven de la “ayuda estatal” deberían formarse mediante “ayuda voluntaria y privada”.

Por todo lo dicho, eliminar el sistema de banca central parece gozar de una escasísima probabilidad de ocurrencia.

Adrián Ravier es economista de la Fundación Friedrich A. von Hayek y escribe regularmente en su bitácora.

Publicado originalmente en Libertad digital.

Perspectivas para el año entrante

Adrián Ravier fue invitado por la Fundación Ecuador Libre para participar de un ciclo de conferencias bajo el nombre “Universidad de la Libertad, Claves para una Sociedad Libre en Ecuador” en donde se pronunció sobre “Economía de Mercado” y “Ciclos Económicos”.

Tras el evento Adrián Ravier fue entrevistado por Vistazo, una de las principales revistas del país.

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