ESTADO DE BIENESTAR VS ECONOMÍA DE MERCADO. EL CASO DE SUECIA.

Uno de los diez principios básicos de la economía nos dice que “los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica”. Gregory Mankiw (2004, p. 7) lo explica sobre la base de la “mano invisible” de Adam Smith, señalando que “los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica”, aspecto ya señalado por Friedrich Hayek en un famoso artículo de 1945. Mankiw también parece coincidir con Ludwig von Mises (1920) en su teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, cuando afirma que “cuando un gobierno impide que los precios se ajusten a las condiciones naturales de la oferta y la demanda, impide que la mano invisible coordine a los millones de hogares y empresas que constituyen la economía.” Agrega Mankiw: “En los países comunistas, los precios no se determinaban en el mercado, sino que eran dictados por los planificadores centrales. Éstos carecían de la información que se refleja en los precios cuando éstos responden libremente a las fuerzas del mercado. Los planificadores centrales fracasaban porque trataban de dirigir la economía con una mano atada a la espalda: la mano invisible del mercado.”

Otro de los principios básicos de la economía nos dice que “el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado”. Mankiw argumenta sobre lo que podríamos denominar como el Estado de Derecho que “los mercados sólo funcionan si se respetan los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha y un restaurante no servirá almuerzos si no está seguro de que los clientes pagarán antes de irse. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que nos suministra el Estado para imponer nuestros derechos sobre las que cosas que producimos.” Pero Mankiw (2004, pp. 7-8) continúa: “Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos un Estado. […] “La mano invisible no garantiza que todo el mundo tendrá suficiente comida, una ropa digna y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impuesto a la renta y el sistema de asistencia social, pretende conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico.” Aquí es donde vemos el argumento central del Estado de Bienestar.

En la literatura se considera a los países nórdicos como aquellos que han logrado disfrutar de los beneficios de esta tercera vía, caracterizada como un sistema intermedio entre la economía de mercado y la economía socialista, que toma lo mejor de cada uno y deja de lado sus fallas.

Entre estos países nórdicos, se dice, Suecia ha encontrado el modo de alcanzar los más elevados niveles mundiales de igualdad social, sin coartar el espíritu empresarial. Suecia se presentaría como el modelo a seguir, por países avanzados y en desarrollo, por haber alcanzado un equilibrio entre la equidad y la eficiencia.

El objetivo de este artículo es analizar el debate entre economía de mercado y Estado de Bienestar, sobre la base del caso sueco. En la literatura, y también en la opinión pública, predomina un mito sobre la economía sueca y su Estado de Bienestar que es necesario reconsiderar.

Disponible en “GPS Económico”, primera revista on line de Economía y Negocios, No. 4. (Mayo 2010)

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La liberalización de las drogas y los menores de edad

He leído numerosos escritos liberales que analizan el asunto de la liberalización de las drogas. Todos ellos llegan a una misma y válida conclusión: “No corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. No debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a si misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades”.

Sintéticamente, legalizar las drogas traería enormes beneficios: 1) Terminaría con el negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente; 2) reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los costos de producción e intermediación que implica la prohibición, lo cual significaría que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendría que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas sustancias; 3) lograría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal (esto es significativo considerando que “el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas“); 4) acabaría también con la alianza del narcotráfico y el poder político, reduciendo la corrupción; 5) minoraría el gasto público, al no tener los gobiernos que continuar su lucha contra las drogas.

Estos estudios, sin embargo, no se enfrentan a lo que considero que es el problema central. ¿Cuál debería ser la legislación en relación con los menores de edad? En la actualidad, en la lucha contra el tabaco y el alcohol se aplican sanciones a aquéllos que venden estas sustancias a niños y adolecentes. En tal sentido, se afirma que las drogas tendrían sanciones similares, aunque quizás más fuertes.

Citando un trabajo de David Boaz sobre la guerra a las drogas, explica Alberto Benegas Lynch:

Respecto de la publicidad de drogas y venta a menores de esos productos, en esta instancia del proceso de evolución cultural y hasta que no aparezcan otros procedimientos más efectivos, deberían mantenerse las mismas normas que hoy existen respecto del alcohol, las armas de fuego y la pornografía y por las mismas razones.

En pocas palabras, la legalización de las drogas implica una nueva legislación en la que cada “mayor de edad” debe ser responsable de las consecuencias de ingerir estas sustancias pero, al mismo tiempo, continúa la prohibición de las drogas para “menores de edad”.

De ser así, ¿no habría lugar entonces para que el mercado negro y el narcotráfico continuaran? Es cierto que el narcotráfico internacional se vería reducido, porque las drogas ya estarían disponibles para los mayores en las farmacias o en los negocios particulares. Pero, ¿qué evitaría que surjan mafias –y estas generaran similares consecuencias a las actuales– cuyo objetivo fuera el de hacer llegar las sustancias a los menores de edad en las escuelas y colegios? ¿Qué evitaría que se contraten niños o adolecentes para comercializar las drogas en estos lugares (considerando que a ellos no aplican las sanciones pertinentes)?

Y por otro lado, ¿habría sanciones a un padre que le compró drogas a su hijo? ¿Cabe aquí el argumento de que el Estado no debe ejercer un rol paternalista en el que se supone que sabe mejor que el propio padre qué es lo mejor para su hijo?

Lo dicho es parte de unas dudas mayores: en muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los liberales, la legislación es una para los mayores de edad y otra muy diferente para los niños y adolescentes.

Adrián Ravier es economista y profesor de la Universidad Francisco Marroquín y del Swiss Management Center University y escribe regularmente en su bitácora.