Durante mi viaje a España, Italia y Guatemala muchos amigos me preguntaron por el desastre que Cristina Fernández de Kirchner ha hecho con la estatalización de las pensiones privadas argentinas. Ya he hecho mención en otras ocasiones “al mito” que significó aquella privatización y lo alejado que estaba de un sistema ideal.
Ahora mi objetivo pasa por plantear una salida, no sólo para la Argentina, sino para el mundo. En definitiva, el problema de las pensiones se ha convertido, posiblemente, en el principal problema político al que deberán enfrentarse casi todos los gobiernos del mundo a lo largo del XXI.
¿Por qué digo que el sistema de pensiones es un problema? Muchos países, incluidas Argentina o España, tienen en la actualidad un sistema de pensiones de reparto con un alto riesgo de quiebra.
Creado en 1935 con las mejores intenciones, el sistema de reparto implicaba una proporción en la que 30 trabajadores financiaban a un jubilado. Ya en siglo XXI, los cambios demográficos –la tendencia generaliza hacia una caída en la tasa de natalidad y los avances médicos que alargan la vida de las personas– han modificado esta proporción. Hoy sólo tres trabajadores financian a un jubilado y la proporción será cada vez menor.
Claramente, en cualquier país donde este sistema de reparto esté vigente se ha quebrado ya cualquier relación entre lo que una persona aportó y lo que finalmente recibe. Aun cuando el sistema haya “funcionado” –con grandes problemas–, es previsible a los ojos de cualquier analista que poco a poco será más difícil mantenerlo.
¿Qué podemos hacer? Aprender del caso de Chile, que en 1980 decidió ofrecerle a su pueblo la posibilidad de elegir entre este sistema de pensiones de reparto administrado por el Estado y un sistema de capitalización individual gestionado por empresas privadas. El 95% de los chilenos eligieron el sistema privado.
¿Pero en qué consiste la reforma? Simplemente en que el dinero vaya a una cuenta privada de cada persona. De ser un impuesto se convierte en ahorros personales. Uno es propietario del capital y este capital crece a un interés compuesto (interés que genera interés) durante treinta o cuarenta años. Cuando uno se jubila no tendrá por qué preocuparse de si el Estado cuidó bien su dinero o en qué condiciones está “la caja” de la Seguridad Social para determinar qué pensión podrá percibir dependiendo de la “bondad” del gobernante de turno. En un sistema de capitalización el dinero está invertido y lo que se percibe a modo de pensión tiene una fuerte relación con lo que se fue aportando y con la rentabilidad que obtuvo la empresa privada elegida.
Más aún, si fallezco antes de percibir estos ingresos, puedo convertirlos en una herencia para mis hijos. También se pueden crear incentivos para favorecer el ahorro y así lograr o jubilaciones más tempranas o rentas de mayor cuantía.
En el caso de Chile, en casi treinta años los fondos de pensiones no perdieron un solo peso. No sólo eso, el sistema se constituyó bajo la previsión de que iba a lograr una rentabilidad anual del 4% y, sin embargo, desde sus comienzos las empresas privadas han cosechado una rentabilidad superior al 10%.
Casi treinta años después, uno puede observar los exitosos resultados del sistema privado. No sólo se ha conseguido duplicar las pensiones que reciben los jubilados, sino que el ahorro que surge como resultado del sistema privado de pensiones ha dado lugar a enormes inversiones que favorecen el crecimiento económico y reducen al mínimo la tasa de desempleo. La reforma chilena fue, en última instancia, la reforma fundamental que causó su milagro económico, hasta el punto de colocar hoy a este país en una situación diferenciada del resto de Latinoamérica.
Observando la crisis global actual uno podría temer que las empresas privadas pierdan el dinero invertido. Sin embargo, en los mercados de capitales se ha desarrollado una estrategia de diversificación de las inversiones que reduce enormemente su riesgo. En otras palabras, se ponen los huevos en distintas canastas impidiendo que una mala inversión acabe con el dinero de nuestras pensiones. Por otro lado, es cierto que los fondos en su conjunto se pueden ver sacudidos por una burbuja bursátil como la que hoy vivimos, pero aun así sabemos que las acciones, con el tiempo, recuperan su valor.
¿Qué rol le cabe asignar al Estado en las pensiones? Simplemente asegurarse de que el mercado sea transparente y de que haya una importante diversificación del riesgo.
Desde luego, este sistema tampoco refleja el ideal, ya que si bien me da libertad para elegir entre distintas administradoras privadas, no me permite decidir si quiero consumir hoy todos mis ingresos o en cambio ahorrarlos. Además, la propiedad sobre los fondos de pensiones también es relativa, ya que uno no puede acceder a ellos en cualquier momento, sino cumplidos una serie de años convenidos.
Aun así, creo que la propuesta, como second best, debe ser considerada. A mí modo de ver, la opinión pública no está en condiciones de digerir hoy un cambio mayor.
El artículo fue publicado originalmente en Libertad Digital.
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